El Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto del Gobierno de España que excluyó a Castilla y León de unas ayudas en materia de inclusión social financiadas con fondos europeos.
La decisión se basa en el recurso presentado por los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, que argumentaron que el reparto de las subvenciones se realizó de forma directa, sin convocatoria pública y sin justificación adecuada.
Además, el Tribunal ha considerado que esta exclusión fue arbitraria, tras haber comprobado que dicho proyecto había alcanzado la misma puntuación que el de otras cinco comunidades autónomas que sí fueron beneficiarias, de un total de siete.
Como señala el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, “la Sentencia del Tribunal Supremo, que anula la norma estatal y obliga al Estado a asumir las costas de 4.000 euros, estima los argumentos presentados por los Servicios Jurídicos de la Administración Autonómica, y corrobora que Castilla y León resultó perjudicada de forma injustificada, al no ser beneficiaria de las subvenciones concedidas”
