Ayer, 26 de marzo de 2024, conocimos que los grupos parlamentarios Popular y Vox de Castilla y León presentaron en la Mesa de las Cortes de Castilla y León, la proposición de Ley de Concordia de Castilla y León, un dislate intolerable a nivel jurídico y administrativo impropio del Gobierno de una Comunidad Autónoma que desafía al Estado de
Derecho y a la legislación vigente en términos de memoria histórica, tratando de supeditar lo establecido en la Ley 20/2022 de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
SUMAR tiene como ejes fundamentales la reparación, la verdad y la justicia en materia de memoria histórica, con el propósito de defender la dignidad, el honor y el respeto por las víctimas de la represión franquista, amparadas por las asociaciones memorialistas y por la citada Ley de Memoria Democrática. Por ello, instamos al Partido Popular y a Vox a rectificar su propuesta y exigimos que pidan disculpas a las asociaciones de víctimas del franquismo a las que han ofendido con su declaración.
Es completamente falso que no exista un consenso historiográfico a la hora de comprender el proceso de violencia política que sufrió nuestro país desde el golpe de Estado de julio de 1936, emprendido por parte del Ejército contra el Gobierno republicano elegido democráticamente en febrero de ese año. Historiadores reconocidos en el ámbito internacional como Paul Preston, Ángel Viñas y Julián Casanova concuerdan que la represión franquista tuvo una causa unívoca: el citado golpe de Estado militar apoyado por los sectores más reaccionarios de la sociedad española de la época y por el fascismo internacional. Por tanto, es rotundamente incorrecto plantear la Guerra Civil española como una consecuencia inevitable causada por el Gobierno republicano del Frente Popular y es perversamente inaceptable que se presente al franquismo como la salida política natural a la crisis política en España, atentando diametralmente contra la realidad histórica de nuestro país.
Consideramos que la medida trata de justificar el papel de la dictadura sin explicar el carácter represivo de la misma, que ocasionó la desaparición de más de 114.000 personas, dato corroborado por diversos expertos internacionales. Debemos recordar el Informe de 2014 que realizó Pablo de Greiff, relator Especial de las Naciones Unidas, elaborado junto a un nutrido Grupo de Trabajo lleno de especialistas en el ámbito de los Derechos Humanos, en el que se detalló una extensa compilación sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, categorizándolas como crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo, detallando ante la comunidad internacional la imperante necesidad de esclarecer la situación y dar justicia y reparación a las víctimas del franquismo.
El dislate de la propuesta de PP y Vox, justificándose en su interpretación de la concordia, pretende trasladar a la sociedad un relato maniqueo y a la vez equidistante en el que se ignora la violencia ejercida por militares sublevados, falangistas y tradicionalistas a lo largo y ancho de toda la geografía española y, por tanto, también en el territorio de lo que ahora es la Comunidad Autónoma de Castilla y León. La violencia política es tratada como una catástrofe; término utilizado para describir un proceso natural y, por ende, inevitable, omitiendo que fue un genocidio premeditado y ejercido por los golpistas que atentaron contra el orden constitucional para exterminar sistemáticamente a una parte de la población por cuestiones políticas e ideológicas. Es insultante leer como grupos políticos que permanentemente descalifican a las fuerzas de la oposición al franquismo, se cuelgan medallas por el consenso logrado en la Transición democrática, posibilitada por la inconmensurable generosidad, responsabilidad y sentido de Estado de las organizaciones represaliadas durante la oscura noche que supuso el franquismo para los derechos y libertades en nuestro país.
Utilizar la Administración de una Comunidad Autónoma para entrometerse e imposibilitar la legislación vigente en España en términos de Memoria, supone un grave desafío a nuestros valores democráticos y a la convivencia, además de ser una intromisión intolerable para el
Estado de Derecho. La propuesta de la Ley de Concordia impulsada para determinar, autorizar y censurar los trabajos de recuperación de víctimas del proceso de violencia a través de varios mecanismos e instrumentos coercitivos más propios de una dictadura que de una democracia, supone un profundo agravio para las víctimas de la represión franquista, por lo que reiteramos que el Gobierno de la Junta de Castilla y León debe retractarse de la medida lo antes posible y pedir disculpas inmediatas a los colectivos que defienden la memoria democrática en Castilla y León y en todo el país.
