La Junta de Castilla y León no asistirá a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada para el próximo 13 de agosto y ha trasladado al Gobierno central su rechazo al traslado a la Comunidad de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta.
El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha comunicado la decisión mediante una carta dirigida a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Abed Rego, en la que defiende que los menores deben ser retornados a Marruecos una vez realizados los procedimientos individualizados correspondientes.
La ausencia de Castilla y León se produce en el marco de una reunión en la que está previsto abordar, entre otros asuntos, el acuerdo de distribución territorial a Ceuta de 25 millones de euros destinados durante 2026 a financiar la atención a menores migrantes no acompañados.
La Junta condiciona cualquier traslado a expedientes individuales
El Gobierno autonómico sostiene que no aceptará el traslado de menores procedentes de Ceuta mientras no se hayan tramitado y resuelto los expedientes individuales destinados a determinar su situación jurídica.
En su escrito, Pollán asegura que el interés superior del menor debe estar vinculado a la reunificación familiar y al retorno al país de origen, y considera que el Gobierno central no habría ejercido correctamente su competencia en materia de retorno y reunificación.
La Junta sostiene que, mientras esos procedimientos no estén finalizados, no tendría fundamento trasladar a los menores a otras comunidades autónomas, ya que estas acabarían asumiendo las consecuencias de una competencia que, según el Ejecutivo autonómico, corresponde al Estado.
Anuncia recursos contra los expedientes
La posición de Castilla y León va más allá del rechazo político al reparto. El Ejecutivo autonómico anuncia que impugnará judicialmente todos los expedientes individuales que no finalicen con el retorno a Marruecos.
La Junta reclama al Ministerio que se abstenga de preparar, acordar o ejecutar cualquier traslado desde Ceuta mientras no hayan concluido los procedimientos individualizados previstos en la legislación.
Además, exige recibir la documentación completa de cada menor cuyo traslado se plantee a Castilla y León.
Entre la información solicitada figuran la situación administrativa individual, las actuaciones realizadas para localizar a sus familiares, la determinación de la edad, la valoración del interés superior del menor y la resolución adoptada.
La Junta defiende el retorno a Marruecos
El Gobierno autonómico considera que los menores que se encuentran en Ceuta deben ser retornados a Marruecos mediante reunificación familiar o entrega a la autoridad tutelar marroquí, siempre después de realizar los procedimientos individualizados correspondientes.
La Junta argumenta que Marruecos ha sido considerado un país seguro por las instituciones europeas y sostiene que las autoridades marroquíes han manifestado su disposición al retorno de personas extranjeras, incluidos menores.
Por ello, el Ejecutivo de Castilla y León considera que la decisión sobre la permanencia de estos menores en España corresponde al Estado, mediante el procedimiento previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000.
La postura del Gobierno autonómico supone así un nuevo choque con el Ejecutivo central en torno a la acogida y distribución territorial de menores migrantes no acompañados, después de que la Junta haya dejado claro que no participará en el reparto mientras no se hayan completado los expedientes individuales y se determine su situación jurídica.
