Castilla y León da un paso más para reforzar internacionalmente su modelo de caza con su incorporación al Consejo Internacional para la Conservación de la Caza y la Fauna Silvestre (CIC). La Comunidad ha formalizado su entrada en este organismo junto a Aragón y Extremadura durante la reunión de su Comité Ejecutivo celebrada en el Monasterio de San Pelayo, en Cevico Navero (Palencia).
El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, y el director general de Caza, Pesca y del Medio Rural, Ignacio de la Fuente, participaron en el encuentro, en el que Castilla y León defendió su apuesta por una caza regulada y vinculada a la conservación de la fauna y al desarrollo de las zonas rurales.
La incorporación permitirá a la Comunidad participar directamente en un organismo consultivo internacional y dar mayor visibilidad fuera de España a su modelo de gestión cinegética, además de intervenir en foros técnicos y defender ante las instituciones europeas el papel de la caza como herramienta de gestión de las poblaciones de fauna silvestre.
La Junta quiere romper el enfrentamiento entre conservación y caza
Durante su intervención, Joaquín Antonio Pino defendió que conservación y actividad cinegética no tienen por qué ser conceptos enfrentados.
«Nuestra prioridad es acabar con la confrontación artificial entre conservación y actividad humana. El territorio se conserva gestionándolo y contando con quienes lo conocen y lo cuidan cada día», afirmó el consejero.
La Junta considera que la actividad cinegética puede contribuir al control y seguimiento de las poblaciones silvestres, a la prevención de daños sobre explotaciones agrarias y a la gestión activa del territorio.
El CIC, según explica la Administración autonómica, tiene reconocimiento internacional y mantiene colaboración con organismos multilaterales como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Además, es la única asociación cinegética aceptada como observador en Naciones Unidas.
La caza ocupa más del 88% del territorio de Castilla y León
La dimensión de la actividad cinegética en la Comunidad queda reflejada en sus propias cifras. La caza se desarrolla en más del 88% de la superficie de Castilla y León, con aproximadamente 5.500 cotos y diez Reservas Regionales de Caza.
La Junta sitúa estos datos entre los que convierten a Castilla y León en uno de los principales territorios cinegéticos de Europa.
La actividad tiene además una repercusión económica en numerosos municipios rurales, donde genera actividad vinculada a alojamientos, hostelería, empresas de servicios y profesionales relacionados con el territorio.
Para la Consejería, este impacto convierte a la caza en una actividad que va más allá del propio aprovechamiento cinegético y que puede contribuir al mantenimiento de empleo y población en las zonas rurales.
Las Reservas Regionales, uno de los pilares de la política cinegética
La Junta ha anunciado además que pretende reforzar el papel de las Reservas Regionales de Caza como uno de los ejes de su política.
El Gobierno autonómico defiende este modelo público como una fórmula que permite ordenar los aprovechamientos, realizar un seguimiento técnico de las poblaciones y compatibilizar la conservación de la fauna con la actividad económica en los territorios rurales.
La Consejería considera que la experiencia acumulada durante décadas demuestra la importancia de una gestión activa basada en la planificación, la vigilancia y el conocimiento técnico.
La Junta apuesta por reducir burocracia y ampliar herramientas para los cazadores
La incorporación al CIC coincide con una serie de medidas que la Consejería está impulsando para modificar la regulación de la actividad cinegética.
Entre ellas figura la modificación del sistema de precinto digital, que pasará a tener carácter voluntario, así como la autorización del uso de visores térmicos nocturnos en determinadas modalidades de caza mayor.
La Junta sostiene que estas medidas pueden facilitar el control de determinadas poblaciones, prevenir riesgos sanitarios, reducir daños en explotaciones agrarias y mejorar la seguridad vial en aquellas zonas donde existe una elevada presencia de especies cinegéticas.
Pino ha defendido que la normativa debe garantizar la conservación y el cumplimiento de la legislación, pero también permitir una gestión eficaz del territorio.
«Nuestro compromiso es reducir cargas innecesarias, aportar seguridad jurídica y ofrecer herramientas útiles al sector», señaló.
La Junta quiere mejorar la imagen social de la caza
La Consejería también plantea mejorar la valoración social de la actividad cinegética y poner en valor el trabajo que realizan durante todo el año cazadores, guardas, gestores, titulares de cotos y propietarios.
La Administración autonómica considera a estos colectivos colaboradores en el conocimiento y seguimiento de las poblaciones silvestres y en la prevención de los daños asociados a la fauna.
Para ello, la Junta asegura que mantendrá una interlocución permanente con federaciones, organizaciones cinegéticas, titulares de cotos, propietarios y profesionales del sector, con el objetivo de que las decisiones públicas incorporen el conocimiento técnico y la realidad de cada territorio.
Con su entrada en el Consejo Internacional para la Conservación de la Caza y la Fauna Silvestre, Castilla y León pretende llevar su modelo cinegético más allá de sus fronteras y defender ante organismos internacionales una visión de la caza como actividad compatible con la conservación, generadora de actividad económica y vinculada al futuro de los pueblos.
