El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Senado una moción para exigir al Gobierno de España medidas inmediatas que garanticen el suministro eléctrico a las industrias y empresas de las nueve provincias de Castilla y León, ante lo que califican como una “situación crítica” de la red de distribución eléctrica.
Según el PP, el 83,4% de los nudos eléctricos de la Comunidad están saturados, lo que impide conectar nueva demanda energética tanto en polígonos industriales como en núcleos de población. Esta falta de capacidad, señalan, está frenando proyectos empresariales valorados en más de 15.000 millones de euros y “pone en riesgo la creación de riqueza y empleo en la región”.
“Castilla y León genera energía, pero no puede aprovecharla para su desarrollo industrial”, lamenta el grupo popular, que insta al Ejecutivo central a desbloquear las inversiones en infraestructuras eléctricas y a establecer un marco regulatorio que permita actuaciones urgentes en la red.
El documento presentado por el PP recuerda que provincias como Burgos, Ávila, Salamanca o Soria se encuentran prácticamente sin capacidad para nuevas conexiones, con porcentajes de saturación que alcanzan entre el 93% y el 97%, mientras que Zamora, Valladolid y Palencia superan el 80%.
“La consecuencia directa es que nuevas empresas no pueden instalarse ni ampliar su potencia eléctrica, y eso supone perder oportunidades económicas y empleo”, advierten los populares. El problema se agrava, añaden, por las limitaciones de inversión impuestas por el reciente Real Decreto aprobado por el Gobierno, que fija un tope del 0,13% del PIB nacional para la red de distribución, lo que, según el PP, “impide responder a las necesidades reales del territorio”.
En su moción, el PP pide al Ejecutivo central medidas concretas. Promover inversiones estatales urgentes en infraestructuras eléctricas para garantizar el desarrollo industrial en Castilla y León, atender las peticiones de la Junta sobre el refuerzo de la red de transporte en el periodo 2025-2030 y la revisión normativa que favorezca el autoconsumo y la conexión de nuevas demandas.
Los populares subrayan que Castilla y León soporta una saturación muy superior a la media nacional y reclaman una actuación “rápida y justa”.
