Podemos Castilla y León ha planteado este miércoles una consulta formal a la Junta Electoral de Castilla y León con el objetivo de que el órgano electoral aborde los nuevos riesgos para la integridad de los procesos democráticos y adopte las actuaciones preventivas necesarias para garantizar la transparencia, objetividad y limpieza del próximo proceso electoral autonómico.
La iniciativa se enmarca en el actual contexto geopolítico internacional y en lo que la formación considera una amenaza creciente del trumpismo para la democracia, especialmente a través de la desinformación, la manipulación algorítmica y la injerencia extranjera en procesos electorales.
En el escrito remitido a la Junta Electoral, Miguel Ángel Llamas, candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, subraya que España cuenta desde hace décadas con un sistema electoral fiable y consolidado, pero advierte de que no se puede obviar “el actual escenario de tensiones geopolíticas” ni “los riesgos emergentes para la integridad electoral, especialmente en el ámbito de la desinformación y las campañas electorales algorítmicas”.
La formación morada recuerda que la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (2025) incluye un apoyo explícito a los denominados partidos europeos “patrióticos”, lo que, a su juicio, evidencia una voluntad de interferir en los sistemas democráticos europeos. En este sentido, Llamas cita también el reciente ataque de Estados Unidos a Venezuela como un ejemplo de que el expresidente Donald Trump está dispuesto a emplear cualquier medio para reforzar su poder geopolítico.
Asimismo, Podemos CyL señala el impacto negativo que la reciente ofensiva arancelaria impulsada por Trump ha tenido sobre el campo de Castilla y León y del conjunto de España, lo que, según la formación, demuestra la existencia de intereses estratégicos claramente contrapuestos entre la política trumpista y los intereses económicos y sociales del país.
Por todo ello, Llamas insta a “tomarse en serio la amenaza trumpista” y defiende que las Juntas Electorales asuman un papel más activo en la detección y prevención de riesgos para la democracia, con el fin de preservar el buen funcionamiento y la credibilidad de los procesos electorales.
