El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya está estudiando la petición formulada por la Comisión Europea que solicita una rebaja a la protección de la figura del lobo. Se espera que "en un plazo relativamente corte de tiempo" el departamento que dirige Teresa Ribera ofrezca una contestación oficial.
Así lo ha precisado el nuevo delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, que ha valorado la petición de Bruselas como "una novedad" teniendo en cuenta que la situación del lobo en Castilla y León "preocupa mucho". Al tiempo, ha instado a "tener en cuenta que tenemos que poner todos de nuestros medios para hacer posible la convivencia del lobo con el resto de actores que participan, trabajan y que tienen sus recursos también en estos territorios".
Sen también ha recordado a la Junta de Castilla y León que el Gobierno" va a ser sensible a adoptar aquellas medidas y recomendaciones que siempre realiza la CE".
Los últimos informes valorados por Bruselas aseguraban que si bien su presencia supone "una buena noticia para la biodiversidad en Europa" se debe atender a las peticiones que vienen realizando de manera continua las autoridades locales para gestionar "de forma más activa las concentraciones críticas de lobos". En este sentido, la CE mantiene que si bien "la población de lobo está aumentando desde hace décadas, también hay que tener en cuenta "las motivaciones políticas para realizar esta propuesta ahora, con unos datos que no difieren mucho de los del año pasado cuando se votó en el convenio de Berna y se decidió que siguiera estrictamente protegido".
En el caso de España está prohibida su caza desde el año 2021 al incluírsele en el Real Decreto 139/2011 como especie protegida (“Listado” / LESRPE). Se trata de una orden polémica que varias CCAA como Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León han solicitado derogar al ser territorios en los que antes se permitía su control.
La decisión choca frontalmente con la postura de la organización conservacionista WWF que considera que los datos aportados en este informe son insuficientes y tacha la decisión de un intento de "ignorar a la ciencia y sacrificar los éxitos de conservación".
