El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha retirado el decreto que regula las prestaciones obligatorias de los sanitarios en lo que dure el nivel 3 y 4 de alerta de la COVID y que concentró el rechazo de todos los profesionales de la Sanidad en la comunidad.
Lo adelantó el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, en la rueda posterior al Consejo de Gobierno donde apuntó que la suspensión del decreto se justifica en que ya no es necesario, a pesar de que los datos epidemiológicos de Castilla y León van en aumento con una incidencia acumulada a 14 días de 167 casos, por encima de los 150 casos que marca el nivel máximo de alerta.
Sin embargo, Igea reconoció que los niveles de ocupación en los hospitales de Castilla y León nada tienen que ver con las cifras de finales del pasado año, aunque se eleva la presión hospitalaria y se espera más aumento como efecto de la Semana Santa. Además, el vicepresidente cree que la vacunación reducirá la mortalidad en aquellos grupos de población que en anteriores olas concentraron mayor número de defunciones.
El decreto firmado por Mañueco el 12 de noviembre de 2020 establecía un marco legal que afectaba a permisos, vacaciones, licencias, jornada de trabajo, turnos y descansos o modificación de guardias médicas.
Los seis sindicatos presentes en la Mesa de Sectorial de Sanidad, esto es Satse, CSIF, CESM, UGT, CCOO y USAE, convocaron a todos los trabajadores a movilizarse contra lo que consideraron una "agresión".
La directora general de Profesionales de la Consejería de Sanidad, Mercedes Pérez de Miguel, informó entonces a los profesionales sanitarios de toda Castilla y León del Decreto sobre las prestaciones personales obligatorias en el ámbito del Sistema de Salud de Castilla y León.
A través de una carta enviada a los empleados públicos, explicó que, con "el objetivo de reforzar la lucha contra la pandemia", la Junta de Castilla y León establece un marco jurídico que permita la adopción de medidas sobre el régimen del personal en el ámbito sanitario imprescindibles para mantener la asistencia sanitaria. El objetivo es conjugar la salvaguarda de la salud de las personas con el derecho de los empleados públicos al descanso, a la conciliación de la vida personal y familiar, y demás derechos.
En la carta la directora general de Profesionales subrayaba que se trataba de medidas temporales y su aplicación se limitará únicamente a la declaración de los niveles 3 y 4 de la pandemia. Además, solo se establecerán "si son indispensables para que funcione adecuadamente el sistema sanitario y tendrán que estar, en todo caso, debidamente motivadas e incentivadas".
Aunque Castilla y León sigue en nivel 4 de alerta y los indicadores de riesgo aumentan con respecto a la semana pasada, el presidente de la Junta ha decidido retirar el Decreto al entender que "no era necesaria ya su aplicación", en palabras de Francisco Igea.
