El año 2025 ha cerrado en España con 8 cazadores fallecidos durante actividades cinegéticas, a los que se suman 29 incidentes adicionales de distinta consideración, como personas heridas, perros ahogados o animales en peligro de extinción abatidos, según un recopilatorio elaborado por Colectivos Contra la Caza.
En Castilla y León, se contabiliza un fallecido y tres heridos, cifras que sitúan a la Comunidad dentro de la media nacional, aunque lejos de Castilla-La Mancha, que encabeza el listado con 2 muertos y 7 heridos, especialmente en la provincia de Ciudad Real, donde se registraron 2 fallecidos y 4 heridos. Otras comunidades con víctimas mortales fueron Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Galicia, mientras que varias registraron únicamente heridos.
El estudio destaca además un aumento de actos de extrema violencia en el marco de la caza, como el ataque con hachas a guardas rurales en Jerez de la Frontera, la agresión a una vecina en Sobrado Dos Monxes, o el disparo recibido por una atleta en Tomelloso.
Debido a la falta de datos oficiales y de transparencia sobre accidentes de caza, los colectivos denuncian que el Gobierno y el Ministerio del Interior deberían implementar medidas urgentes para proteger a los ciudadanos que disfrutan del campo sin exponerse a riesgos innecesarios.
Entre las propuestas se incluyen la elaboración de estadísticas oficiales de accidentes de caza, considerar los accidentes de tráfico causados por animales de caza como responsabilidad del sector cinegético, la realización de controles periódicos de alcoholemia y drogas en los cotos, y la implementación de exámenes psicotécnicos más restrictivos y regulares. También se plantea limitar la edad de los cazadores, prohibiendo la caza a menores de edad y mayores de 70 años, así como la prohibición de enseñar el uso de armas de fuego a menores.
Otras medidas incluyen incrementar la distancia de seguridad respecto a viviendas, núcleos urbanos y carreteras, la retirada de la licencia de armas a quienes causen muerte o lesiones fuera de la actividad cinegética, la obligación de guardar armas en dependencias de la Guardia Civil y retirar las de personas fallecidas o sin permiso vigente, y finalmente, prohibir la caza en montes públicos durante fines de semana y festivos, los días de mayor afluencia familiar.
El colectivo insiste en que estas medidas son necesarias para garantizar la seguridad de los 47 millones de españoles que disfrutan del campo, evitando que actividades cinegéticas puedan poner en riesgo vidas humanas y animales.
