Agentes de la Policía Nacional han liberado a seis víctimas de explotación sexual en Salamanca y han detenido a siete integrantes -dos de ellos en Salamanca- de una organización criminal presuntamente dedicada a la trata de seres humanos que operaba a nivel europeo que se aprovechaba de la situación de pobreza de las víctimas. Se han llevado a cabo cinco entradas y registros –cuatro en Salamanca y uno en Madrid- en los que se han intervenido varios teléfonos móviles, sustancias estupefacientes, 38 cartuchos de arma detonadora y documentación relacionada con la investigación.
La red criminal captaba a mujeres en situación vulnerable y con cargas familiares, y empleaban una amplia red de colaboradores asentados en Colombia y Venezuela, quienes recibían una contraprestación económica de 500 euros por cada víctima captada.
Los integrantes del entramado criminal persuadían a la víctima para viajar a Europa simulando un viaje turístico para acceder al espacio Schengen, contratando un seguro de viaje y la reserva de hotel. Además, los implicados se encargaban de enviar a las víctimas el dinero en efectivo o “viático” requerido en los controles fronterizos para acreditar medios suficientes durante la estancia como turista. Una vez que las víctimas llegaban al país de destino, la organización recuperaba este dinero. Por todo ello, la organización generaba por cada víctima una deuda que oscilaba entre los 6000 y 8000 euros.
En ocasiones, su explotación comenzaba ya al ser trasladadas primero a la ciudad de Bogotá, donde se quedaban temporalmente hasta que se les tramitaba la documentación para viajar a Europa. Otras veces, las víctimas viajaban directamente desde su país de origen hasta las ciudades europeas de Madrid, Lisboa, París o Ámsterdam.
Los integrantes de la red engañaban a sus víctimas diciendo que podrían saldar la deuda de viaje en unas tres semanas. Una vez en España, los implicados obligaban a sus víctimas a ejercer la prostitución en pisos de alquiler de diferentes ciudades de Europa para pagar dicha deuda. Con frecuencia, solían cambiarlas de ubicación según les reportara más beneficios y a fin de dificultar la detección de su actividad criminal.
El entramado exigía condiciones abusivas para el ejercicio de la prostitución, como hacerse cargo del importe del alquiler de los pisos donde se las explotaba. Las mujeres desconocían la cantidad a la que ascendía esta deuda, así como de los cobros adicionales que se les imponían en concepto de gastos de manutención, compra de preservativos, incluso de comisión por publicar los anuncios de los servicios sexuales o atender a los clientes, lo que implicaba una servidumbre que se perpetuaba a la par que su deuda. La red ejercía un control absoluto sobre sus víctimas.