Las Juventudes Socialistas de Castilla y León (JSCyL) han alzado la voz una vez más contra la gestión de la Junta en materia de derechos reproductivos. La agrupación denuncia la externalización del servicio de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a empresas privadas como Ginemédica y Clínica Isadora, señalando que la administración regional está "haciendo caja" con un derecho fundamental, al destinar más de un millón de euros a estas clínicas.
El conflicto radica en la falta de profesionales en la sanidad pública que estén dispuestos a realizar abortos, debido, según la Gerencia Regional de Salud, a que muchos facultativos se acogen a su derecho a la objeción de conciencia. Ante esta situación, el gobierno autonómico ha optado por externalizar los servicios en varias provincias. Ginemédica es la adjudicataria en Valladolid, Burgos, Ávila, León y Salamanca, mientras que Clínica Isadora se encarga de Palencia y Segovia. Los contratos analizados por JSCyL suman un total de 1.028.872 euros.
Desde la organización juvenil critican esta falta de inversión en personal sanitario, argumentando que los recursos públicos deberían destinarse a garantizar la prestación del servicio dentro del sistema de salud. María Aranda, secretaria de Igualdad de JSCyL, denuncia que “Ginemédica y Clínica Isadora están haciendo caja con nuestros derechos reproductivos. El dinero que se está destinando a estas empresas debería invertirse en formar y contratar profesionales que sí quieran realizar IVE”.
Por su parte, Fran Díaz, secretario general de la organización, instó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a actuar de manera más decidida en defensa de los derechos de las mujeres ahora que el Partido Popular ha roto su coalición con VOX. "Pedimos a Mañueco que, ahora que no está en manos de VOX, dedique todo el esfuerzo necesario a defender la libertad de las mujeres y evite que ejercer este derecho suponga una carrera de obstáculos", afirmó Díaz.
La situación que denuncia JSCyL revela un problema estructural en el acceso a los servicios de aborto en Castilla y León, donde, a pesar de que la Ley del Aborto reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, esta no puede interferir con el derecho constitucional de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo. Según la organización juvenil, la Junta debe garantizar este acceso sin recurrir a la privatización del servicio, una práctica que consideran un retroceso en los derechos reproductivos de las castellanas y leonesas.
