La Junta de Castilla y León, a través del director de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha presentado una jornada de estudio en Valladolid para profundizar en el conocimiento de la contratación de las Administraciones Públicas donde han estado presentes una veintena de profesionales, entre Fiscales destinados en Castilla y León y Letrados de los Servicios Jurídicos autonómicos.
Además de la sesión de mañana, habrá otra de tarde donde los codirectores han sido la Fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Valladolid, Soledad Martín Nájera y el Letrado de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta, Javier Antonio Arce Esteras, y que cuenta con la participación de expertos en materia de contratación pública procedentes tanto de la Administración Autonómica como del Ministerio Fiscal.
Como ha señalado González Gago “algo tan cotidiano para las Administraciones públicas como comprar unos bolígrafos o unas mesas de trabajo, o tener luz o gas para la calefacción de los edificios públicos, o tan especial como construir unas viviendas de protección oficial o arreglar una carretera, conlleva la necesidad de que las entidades públicas tengan que acudir al sector privado, y efectuar contratos públicos para su compra, suministro o realización”.
La contratación pública es de gran importancia, tanto desde el punto de vista económico, ya que el presupuesto que mueve supera el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) de toda España, como jurídicamente, ya que exige unos procedimientos de gestión y ejecución regulados de forma muy compleja, técnica y especializada.
Es la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 la que determina como se deben realizar estos contratos, diferenciando según sean obras, servicios o suministros, norma que deben cumplir todas las Administraciones, ya sea el Estado, la Junta de Castilla y León, o las Diputaciones y Ayuntamientos, y entidades públicas de ellas dependientes. Esta Ley traspone una Directiva Europea de 2014, por lo que la contratación se realiza de la misma forma, en sus parámetros básicos, en todos los países de la Unión Europea.
Para el sector privado, autónomos o empresas, realizar unos trabajos o suministros para las Administraciones les supone la generación de una importante actividad, garantía del mantenimiento de su empleo, y también las lógicas ganancias empresariales, razón por la que muchos proveedores compiten para ser adjudicatarios de los bienes, obras y servicios que el sector público necesita.
La Fiscal Martín Nájera ha remarcado que “la normativa protege a los licitadores que tengan capacidad para ello, mediante el debido cumplimiento de los principios de libertad de acceso a la licitación, de publicidad y transparencia del procedimiento, y de no discriminación e igualdad de trato entre todos ellos”.
Por ello, la ley ha creado, como sistemas técnicos de garantía, la llamada “plataforma de contratos del sector público”, canal informático único de acceso para que los empresarios participen en las licitaciones que se convoquen por cualquier Administración, ha configurado el “perfil del contratante”, instrumento informático de publicidad de todos y cada uno de los distintos actos y fases por las que va transitando cada expediente de contratación, y ha pormenorizado la conformación de “la mesa de contratación”, órgano colegiado de asistencia especializada integrado por diversos funcionarios que garantiza la integridad, objetividad y trato igualitario del procedimiento y de la propuesta de adjudicación que se efectúe.
No obstante, la ley también es consciente de que se pueden producir en la realidad circunstancias especiales, bien por la escasa cuantía económica de lo que pretende hacerse, bien por no existir más que un proveedor en el mercado, o bien porque concurran razones de emergencia sin tiempo de reacción y, por ello, regula supuestos excepcionales en los que la selección del contratista puede hacerse sin convocatoria pública -como en los denominados contrato menor o contrato negociado sin publicidad-, o sin tramitar un expediente de contratación -como en el llamado contrato de emergencia-.
En definitiva, al tener la contratación pública una normativa muy compleja, pueden producirse puntualmente conflictos en el marco de los procedimientos de gestión, por lo que también es importante en estos casos la diferenciación entre lo que pueden constituir irregularidades administrativas, en la mayoría de los casos, y las posibles conductas constitutivas de responsabilidad penal tanto en la actuación de los particulares licitadores como del personal y autoridades del órgano de contratación, que siempre serán excepcionales.
Esta jornada es la primera actuación programada en el recientemente firmado Convenio de colaboración entre la Fiscalía Superior de Castilla y León y la Consejería de la Presidencia de la Junta en materia de formación, para profundizar en el conocimiento de temas jurídicos de interés conjunto, como son los temas de menores infractores, acoso escolar, de protección del medio ambiente o del patrimonio cultural, o los relativos a las agresiones frente a empleados públicos en ámbitos como sanidad, educación, entre otros.
