lunes. 22.07.2024
El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, comparece ante la Comisi?n de Econom?a y Hacienda de las Cortes de Castilla y Le?n para explicar el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2023 en lo referente a su departamento. Imagen de archivo
El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, comparece ante la Comisi?n de Econom?a y Hacienda de las Cortes de Castilla y Le?n para explicar el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2023 en lo referente a su departamento. Imagen de archivo

Desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo se busca establecer un diálogo y una participación en las relaciones laborales “más democráticos y plurales”, que cuenten “con todas las organizaciones”, en palabras del consejero Veganzones.

DS+ es la línea de subvenciones con la que desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo se quiere ensanchar la participación social en el marco de las relaciones laborales entre empresarios y representantes de los trabajadores.

Tradicionalmente, hasta una veintena de organizaciones sindicales y empresariales se han quedado fuera de las convocatorias de ayudas por ejercer su labor, situación que se modifica para no dejarlas desatendidas.

Es por ello que, tratando de superar lo que de facto podía considerarse como “una posición única” en palabras del Tribunal Supremo, se diseña este programa en el que podrán participar hasta una veintena de interlocutores sociales y económicos.

Gracias a un modelo proporcional, el programa de fomento de las actividades de los interlocutores sociales se distribuirá mediante un prorrateo en proporción a su capacidad representativa en la negociación de convenios colectivos.

Una participación social en la que caben todos

Este ensanchamiento del número de agentes económicos y sociales que pueden recibir ayudas, en la línea de iniciativas de otras comunidades autónomas del norte de España, viene avalado por decisiones judiciales en el país.

En este sentido, la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anula el Real Decreto 1027/2022, de 20 de diciembre, por el que se regula la concesión de subvenciones directas y exclusivas para los llamados “interlocutores sociales más representativos”. De forma que se establece que “no son los sindicatos de clase y la patronal los únicos interlocutores representativos, por lo que la idea de posición única carece de toda justificación”, asumiendo por parte de la Justicia que otros interlocutores deben poder participar de estas subvenciones, tal y como se hace en la convocatoria diseñada por el departamento de Veganzones.

La Junta consolida la participación social impulsando la labor de hasta una veintena de...