Las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León en referencia a las mujeres gestantes está más candente que nunca. El episodio de avisos iniciado por el Gobierno ante la polémica surgida entorno al denominado plan de fomento a la natalidad ha derivado en una nueva brecha en el Gobierno de coalición autonómico.
El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, asegura que confía en que "la Orden salga en los términos en los que se ha aprobado y que no se de más vueltas al asunto. No entendemos muy bien cuál es la polémica: ofrecer a una mujer embarazada, sea cual sea su situación futura y que podrá aceptar o no, escuchar los latidos y el acceso a una ecografía 4D. Es sin duda un avance, una muestra de progreso".
Al tiempo, Espinosa de los Monteros ha matizado las palabras pronunciadas horas antes por parte del secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que avisaba de que "llegará un momento de establecer un balance del cumplimiento de los acuerdos que se llegaron antes de la investidura".
Unas palabras que el portavoz de la formación aclara: "Revisar el pacto y romper un pacto son cosas distintas. Es natural que estemos revisando constantemente qué grado de cumplimiento tienen los pactos Castilla y León. No es ninguna novedad. Tampoco que el Partido Popular a veces firma cosas que luego echa atrás, se desdice", ha añadido. Incidiendo de nuevo en la situación del equipo de Gobierno, el portavoz en la Cámara Baja ha reiterado: "Revisaremos las condiciones en las que pactamos con ellos y actuaremos en consecuencia. Eso no quiere decir necesariamente que vayamos a romper el Gobierno, sino que simplemente evaluaremos su capacidad o incapacidad de cumplir los pactos".
En todo caso, Espinosa de los Monteros aclara que de trata de un punto abordado y aceptado dentro del pacto de Gobierno del PP y Vox tras las elecciones del pasado 13 de febrero de 2022. "Si ellos incumplen lo que han escrito ellos mismos, pues tendrán que explicarlo y si esto sucede será consecuencia de la influencia que tiene sobre ellos la izquierda".
Asegura que no entiende dónde está la polémica en el hecho de que el acuerdo suscrito en la legislatura permita la puesta en marcha de "un protocolo de latido fetal dentro de atención programada del primer trimestre para todas las mujeres embarazadas que lo quieran y que se promueve también el acceso a ecografía 4D y además se salvaguarda el derecho a objeción de conciencia a aquellos profesionales médicos. Eso es lo que se acordó".
Y reitera que el protocolo hace referencia al ofrecimiento y no a una obligación. "¿De verdad ustedes creen que una mujer embarazada no tiene suficiente criterio como para decidir si quiere o no quiere escuchar un latido o quiere o no quiere ver una ecografía?".
