La Junta de Castilla y León ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo para reclamar las cantidades debidas a la Comunidad en la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2017 correspondientes al IVA, que suman 182 millones. El recurso, admitido a trámite por el Tribunal Supremo, ha sido presentado tras no obtener respuesta por parte del Consejo de Ministros.
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, remitió en febrero al Consejo de Ministros la reclamación de cantidad, cuya solicitud fue aprobada el 20 de febrero por el Consejo de Gobierno de la Junta, sin obtener respuesta alguna. Por ello, de nuevo en julio, el titular de Economía y Hacienda presentó el requerimiento dirigido al Consejo de Ministros por las repercusiones en la liquidación del sistema de financiación del ejercicio 2017, al amparo del art. 44 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, y con carácter previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo, que tampoco ha tenido contestación expresa.
Tras la interposición del recurso contencioso-administrativo por parte de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta, el Tribunal Supremo lo ha admitido a trámite, juicio que se sustanciará los próximos meses, lo que constituye un paso importante para hacer efectiva la reclamación de la Comunidad Autónoma y cobrar la cantidad a la que Castilla y León tiene derecho.
La Junta de Castilla y León solicita al Gobierno que se paguen a la Comunidad las cantidades debidas como consecuencia de la pérdida de ingresos en la liquidación del año correspondiente al IVA, que ascienden a 120,49 millones de euros. Asimismo, se reclama el abono de las cantidades correspondientes al nuevo cálculo de la variación de los Ingresos Tributarios del Estado y la repercusión en los fondos del sistema de Financiación Autonómica, que asciende a otros 61,51 millones de euros. Esta cantidad corresponde a 30,98 millones de euros del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 21,21 millones de euros del fondo de Suficiencia Global y 9,32 millones de euros del Fondo de Cooperación.
Además, la Junta también pide que se paguen a Castilla y León los intereses correspondientes a las cantidades reclamadas.
