Ecologistas Zamora ha denunciado públicamente el intento de la Junta de Castilla y León de construir una macroincineradora de basura en algún punto de la comunidad, tras conocer el borrador de un convenio que la Consejería de Medio Ambiente ha comenzado a proponer a diputaciones, consorcios de residuos y a los ayuntamientos de Valladolid, Burgos y Soria.
Según explica la organización ecologista, el documento plantea que las entidades locales se comprometan a entregar el tratamiento de sus residuos a una futura planta de “valorización energética”, es decir, incineración a gran escala, renunciando a la posibilidad de implantar infraestructuras más pequeñas y distribuidas por el territorio. La capacidad mínima prevista para la planta es de 350.000 toneladas de residuos domésticos al año, con posibilidad de ampliarse hasta medio millón de toneladas.
Ecologistas Zamora critica que será la propia Consejería, a través de la empresa pública SOMACYL, quien decida unilateralmente la ubicación, explotación y gestión de la planta, sin tener en cuenta la participación ciudadana ni el respeto a las competencias municipales, tal y como exige la legislación vigente. Aseguran que esta estrategia representa una “imposición opaca” que podría tener graves consecuencias ambientales, sanitarias y económicas para las localidades implicadas.
El borrador incluye cláusulas que prevén penalizaciones o sobrecostes para las entidades que no garanticen el volumen de residuos suficiente para sostener económicamente la planta, lo que, a juicio de la organización, supone “hipotecar el futuro” de las administraciones locales y frena alternativas sostenibles como la reducción, reutilización y reciclaje.
Ecologistas Zamora ha exigido la retirada inmediata del borrador y ha alertado sobre los riesgos para la salud pública derivados de las emisiones tóxicas de estas instalaciones. Recuerdan que estudios científicos han detectado un mayor riesgo de enfermedades y tumores en personas que viven cerca de incineradoras, y subrayan que la proyectada por la Junta sería incluso de mayor tamaño que la de Valdemingómez, en Madrid, cuyo cierre ya se está planteando en la próxima década.
Además, cuestionan el impacto ambiental del transporte diario de residuos por carretera desde toda la comunidad hacia un único punto, lo que supondría un aumento de la huella de carbono. Reclaman una reflexión de fondo sobre el modelo de gestión de residuos en Castilla y León, y critican que se opte por soluciones que ignoran los principios básicos del consumo responsable.
