Este 28 de septiembre, la UNESCO conmemora el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, una jornada que pone en valor el derecho de los ciudadanos a solicitar y recibir información pública, un pilar fundamental para la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
La Junta de Castilla y León recuerda que existe una distinción clave entre la información pública específica, que se obtiene a través del Portal de Transparencia y Datos Abiertos o mediante solicitudes concretas, y la información general que los ciudadanos requieren para gestiones administrativas, facilitada directamente en las oficinas de Atención al Ciudadano.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, subraya que “facilitar esta información fortalece la confianza en las instituciones y promueve una gestión más abierta, responsable y alineada con las demandas ciudadanas”. La administración autonómica gestiona estas solicitudes a través de la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno, coordinando información de las diez consejerías que conforman la Junta.
Según la memoria 2024 del Comisionado de la Transparencia, la Junta recibió 590 solicitudes de acceso a información pública, de las cuales 443 fueron resueltas de forma positiva, ofreciendo toda la información solicitada. Solo 4 solicitudes fueron desestimadas por protección de datos, mientras que otras se derivaron a otras administraciones o fueron inadmitidas por distintas razones.
El informe destaca que el número de solicitudes ha disminuido por segundo año consecutivo, pasando de 832 en 2022 a 590 en 2024. Esta reducción se atribuye al incremento de contenidos disponibles en los portales de Gobierno Abierto y a una gestión más eficiente de las solicitudes, gracias a la formación del personal en las Delegaciones Territoriales, que ahora puede identificar y canalizar correctamente cada petición.
En cuanto a las reclamaciones, menos de un tercio se presentaron contra la Junta (154 de 546), y solo 27 fueron estimadas totalmente por el Comisionado. Por su parte, las reclamaciones contra entidades locales alcanzaron las 350, con 147 estimadas completamente y 26 parcialmente.
González Gago concluye que “estos datos nos permiten seguir mejorando el acceso a la información pública, ajustando procedimientos y reforzando la formación del personal para responder con eficacia. Este compromiso es clave para consolidar una administración más abierta, cercana y preparada para atender las necesidades de la ciudadanía”.
Con esta jornada, Castilla y León reafirma su compromiso con una administración moderna, transparente y participativa, en la que los ciudadanos pueden ejercer plenamente su derecho a la información.
