Bajo el lema: USCAL Contra la precariedad laboral en el sector público: HAY QUE CONSOLIDAR PERSONAS, NO PLAZAS. "España incumple la Directiva 1999/70/CE", cerca de 300 temporales de Salamanca, en representación de los más de 30.000 de Castilla y León, se han manifestado a las puertas del Convento de San Esteban en el que hoy se está celebrando la controvertida Conferencia de Presidentes, en su vigésimo cuarta edición.
España lidera las tasas de temporalidad de toda la Unión Europea, desde siempre. Y esas tasas son intolerables en un Estado miembro de la Unión.
En la empresa privada, la “inspección de trabajo” persigue las conductas abusivas y fraudulentas, sancionándolas. En el sector público, sin embargo, la ausencia de toda herramienta de inspección mantiene oculta la temporalidad abusiva.
"Falsos autónomos" en el sector privado. "Falsos temporales" en el sector público.
Sin inspección que detecte los abusos, a los empleados públicos afectados se les niega su derecho al amparo de la Directiva 1999/70/CE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Sin inspección que detecte los abusos, los trabajadores afectados quedan indefensos, sin la completa independencia que necesita todo empleado público, continuamente amenazados por el cese.
En TODO el sector público hay más de 800.000 empleados públicos temporales, con años de servicio a sus espaldas, cubriendo aquellos destinos que nadie quería, que pueden cesar en cualquier momento porque su puesto de trabajo queda al arbitrio de la Administración de turno. Despido libre y gratuito en pleno siglo XXI.
Sin inspección, se incumple la Ley y crece la impunidad de la Administración, cuando debería ser la primera garante de legalidad en un Estado de Derecho.
La inacción de los sucesivos gobiernos es culpable. Por su desidia y su falta de voluntad, su arbitrariedad y su impunidad.
Cientos de miles de trabajadores públicos, la mayoría mujeres de más de 50 años, se van a la calle todos los días con los procesos de estabilización en marcha.
A todos los partidos políticos, a todas las administraciones, a todos los sindicatos que se sientan en las mesas de negociación porque dicen defender a los trabajadores, hay que insistirles en que deben aplazarse de inmediato todas las convocatorias en marcha hasta que se inspeccione cada relación temporal: las situaciones de abuso no pueden terminar con el cese del trabajador. Y es inaceptable el cambio de unos trabajadores (en abuso) por otros (nuevos opositores). No puede confundirse ni enfrentar el derecho de unos trabajadores abusados con la expectativa de derecho de los opositores.
Incentivar la contratación indefinida mediante ofertas de empleo público publicadas y ejecutadas en tiempo reduce la temporalidad lícita. Pero la temporalidad abusiva sólo se elimina con inspección, sanción disuasoria para el empleador público y reparación de las consecuencias sobre el trabajador.
Agradecemos públicamente a aquellos partidos políticos que han votado contra la convalidación del RDL 14/2021. Lamentamos profundamente que otros votaran a favor o que se abstuvieran: han renunciado a hacer justicia con un problema que han causado las propias Administraciones.
Lamentamos también que gobiernos locales inoperantes se excusen diciendo que esto se arregla en otro negociado. No puede consentirse que ninguna AAPP evite su propia responsabilidad y que NO ejerza sus competencias de inspección de legalidad de todo procedimiento administrativo: la contratación (inicio, renovación y/o cese) de empleados públicos lo es y hay que verificar que se ajusta a la Ley, con los criterios que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Ni "vuelva usted mañana" ni "en aquella ventanilla". Más de 1 millón de trabajadores están condenados si se sigue incumpliendo la norma UE.
Sin inspección, con los criterios del TJUE, no puede erradicarse la temporalidad abusiva en todo el sector público. Sin inspección, con los criterios del TJUE, es imposible detectar los abusos de la contratación temporal. Sin inspección, con los criterios del TJUE, la impunidad de las AAPP continúa desbocada y seguirán beneficiándose del incumplimiento, cubriendo necesidades permanentes con contratos temporales precarios.
La Administración debe regirse por el principio de legalidad.
Es ARBITRARIO cumplir unas normas e ignorar otras, como la Directiva 1999/70 en el sector público.
Es inconcebible que la Administración discrimine la aplicación de una Directiva que rige para todas las relaciones laborales temporales, que ignore sus efectos en el sector público y que, sin embargo, la aplique con toda la contundencia en el sector privado a través de la Inspección de Trabajo.
La norma UE está por encima de toda norma española, incluida la Constitución. Y todas las autoridades nacionales (todas) están obligadas.
USCAL exige un gran pacto nacional para reducir la temporalidad en el sector público y para eliminar completamente la temporalidad abusiva de todas las Administraciones Públicas.
USCAL exige al Presidente del Gobierno, al de los Gobiernos Autonómicos, y a la Federación Española de Municipios y Provincias, justicia: que se cumpla la Ley y se sancione a quien no la cumpla. Y que se respete el derecho a la estabilidad de los empleados públicos temporales en abuso.
