Un total de 4.500 personas en situación de gran dependencia en Castilla y León siguen a la espera de la devolución de cantidades que habrían sido cobradas de forma indebida por la Junta, según denuncia la Plataforma Social, en un conflicto que continúa abierto dos meses y medio después de las últimas elecciones autonómicas.
La situación afecta a personas con grado III de dependencia que ocupan plazas en residencias y centros de día públicos o concertados, y que han reclamado el reintegro de importes abonados en concepto de copago. Sin embargo, según denuncian afectados y colectivos sociales, la Gerencia de Servicios Sociales estaría rechazando estas solicitudes, obligando a los usuarios a recurrir a la vía judicial para reclamar su devolución.
El origen del conflicto se sitúa en la sentencia 800/2025 del Tribunal Supremo, de 23 de junio de 2025, que determina que la Junta de Castilla y León no puede establecer el copago de estos servicios mediante decreto de precios públicos, sino a través de una ley específica que regule su consideración como tasa. El alto tribunal también establece la obligación de devolver las cantidades indebidamente cobradas.
A raíz de esta resolución, la administración autonómica dejó de aplicar los cobros a nuevas mensualidades desde octubre del año pasado en plazas públicas o concertadas de residencias y centros de día. Sin embargo, no se ha producido, según las denuncias, el reintegro automático de las cantidades anteriores.
El conflicto político se agrava al recordar que el último pleno de las Cortes de Castilla y León, celebrado antes de las elecciones del 14 de marzo, aprobó por unanimidad —con el apoyo de PP y Vox— una proposición no de ley impulsada por el Grupo Socialista que instaba a devolver los importes cobrados de forma indebida a las personas en situación de dependencia.
Pese a ese acuerdo parlamentario, las familias denuncian que las solicitudes individuales de devolución están siendo denegadas, lo que obliga a iniciar procedimientos judiciales para reclamar lo que consideran un derecho reconocido tanto por el Parlamento autonómico como por el Tribunal Supremo.
Desde la Plataforma Social se exige a la Junta de Castilla y León el cumplimiento efectivo de la sentencia y del acuerdo parlamentario, reclamando además dos medidas concretas: la elaboración de un proyecto de ley que regule el sistema de tasas por el acceso a plazas en residencias y centros de día, y la devolución inmediata de todas las cantidades indebidamente cobradas a las personas en situación de gran dependencia.
