Unos 25.000 papeles volvieron el sábado Cataluña desde el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Como siempre que se produce la devolución de documentos, esta es la séptima, la polémica está servida.
Policarpo Sánchez, que encabeza la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca que lucha por el regreso de la documentación enviada a Cataluña de forma irregular, emprenderá hoy las acciones judiciales correspondientes.
Sánchez critica que el envío de documentos a Cataluña debe ser informado por el Patronato del Centro de la Memoria, que ni siquiera ha sido convocado. Mientras Cataluña anunciaba la llegada de 25.000 documentos a su Archivo Nacional, Policarpo Sánchez habla de "entrega ilegal", ya que la mayor parte de los fondos no tienen dueño ante la desaparición de asociaciones como "Amigos de la Unión Soviética.
Según la Ley de Restitución, el objetivo del traslado de los papeles desde el Archivo de Salamanca es que sus legítimos dueños recuperen los legajos, pero si muchas entidades han desaparecido tiene poco sentido al restitución.
Policarpo Sánchez, en declaraciones a cyltv.es, dejaba claro que esos papeles "no pertenecen a nadie" y la Generalitat no puede quedárselos sino que debe buscar a sus titulares para entregarles los papeles. Por ello, Sánchez anuncia que la entrega volverá a acabar en los tribunales junto con el traslado de otros 400.000 legajos que deberían estar ya en Salamanca, según el dirigente de la Asociación Salvar el Archivo.
El conflicto de los «papeles de Salamanca» es la disputa política y judicial surgida durante la transición española, y que alcanzó su punto álgido durante el primer gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008), a propósito de la devolución a la Generalitat de Cataluña de la documentación incautada por las autoridades franquistas cuando tomaron Cataluña al final de la Guerra Civil Española y que estaba depositada en el Archivo de la Guerra Civil Española de Salamanca, según recoge Wikipedia. La Junta de Castilla y León recurrió la devolución de los «papeles de Salamanca» ante el Tribunal Constitucional pero el 31 de enero de 2013 este falló a favor del traslado, con lo que se puso fin al conflicto. que Alfonso Fernández Mañueco, entonces alcalde de Salamanca, calificó de "expolio".
