jueves. 28.03.2024
CCOO
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El problema fundamental, explicado en rueda de prensa, es de personal, pero también de organización. “En el operativo conviven tres realidades distintas” ha señalado Gonzalo Díez, en referencia al personal que aporta la Comunidad Autónoma, el que forma parte de la empresa pública “Tragsa” y el que contrata la treintena de empresas privadas, “unos 1.200 en la actualidad que, al final del verano, quedan reducidos a una tercera parte”.

Sobre el personal de Tragsa ha hablado Lourdes Herreros para señalar que su convenio colectivo está caducado desde 2013 “sin que haya habido posibilidad de renegociarlo por lo que los sueldos son muy pequeños y la temporalidad y la precariedad muy elevadas a pesar de ser una empresa pública”. Actualmente hay unos 540 trabajadores y trabajadoras, que se encargan de la extinción de incendios y que “sorprendentemente son menos que el año anterior con muchos más incendios activos” ha dicho Herreros. La mayoría también está destinada al desempleo cuando concluya, a finales de septiembre, el periodo de máximo peligro de incendios.

Trabajadores dos por uno

Los trabajadores y trabajadoras de las empresas privadas son los peor pagados y los que peores condiciones laborales soportan al tener que ser miembros de las cuadrillas forestales que desbrozan el monte y, a la vez, quienes acuden a la extinción de los incendios sin transición en lo que CCOO denomina “trabajadores dos por uno”. El secretario general de la Federación de Industria de CCOO Castilla y León ha resaltado que, de las 30 empresas que tienen la concesión, ninguna o casi ninguna es de Castilla y León por lo que sus beneficios empresariales, pagados con dinero público de nuestra Comunidad, cotizan en Madrid donde la mayoría están radicadas. Son también empresas “tremendamente reacias a mejorar las condiciones de trabajo de las plantillas a las que se está negando la posibilidad de contar con un convenio colectivo actualizado a pesar de los esfuerzos realizados por CCOO en los últimos años” ha dicho Gonzalo Díez.

Sin embargo la responsabilidad del operativo es de la Junta de Castilla y León que mantiene un sistema que, en palabras de Ana Fernández, “no sirve como llevamos demostrando muchos años”.

Denuncias

La secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía ha recordado las denuncias que lleva interpuestas Comisiones Obreras ante las distintas instancias, en especial la que acaba de admitir a trámite la Fiscalía de Castilla y León contra el consejero por el incendio de la Sierra de la Culebra y la que ha convertido en ilegal el operativo público y el sistema de guardias que utiliza el Gobierno Autonómico para ordenar su personal. Y resulta que ese personal, ingenieros y agentes forestales, son los que tienen que coordinar todos los efectivos que participan en el incendio. Se trata de trabajadores fijos discontinuos que trabajan también pocos meses al año por lo que es difícil mantenerlos en las plantillas. “A día de hoy, en Ávila, se sigue buscando personal para cubrir las plazas de agentes forestales” ha señalado Ana Fernández.

En esta situación CCOO está exigiendo a la Junta de Castilla y León que amplíe el operativo a todo el año para que las tareas de desbroce y limpieza de los montes se lleven a cabo en invierno, lo que supondría contratos de más tiempo que ayudaría a fijar población en el medio rural. Además se exige un operativo plenamente público en el que además debería de contar la figura del bombero y bombera forestal con formación y categoría laboral adecuada a su duro trabajo. La Ley que debe reconocer esta categoría está en el tejado del Gobierno central al que la secretaria general de la Federación del Hábitat, Lourdes Herreros, ha pedido celeridad para contar con una norma que, además de establecer la capacitación necesaria para su desempeño, debería homogeneizar las condiciones laborales en todas las Comunidades autónomas.

CCOO movilizará en septiembre al personal forestal para cambiar el operativo de incendios