La negociación del VIII Convenio Colectivo lleva bloqueada desde diciembre de 2019, situación en que las Patronales del sector se sienten cómodas y tan solo se plantean mejorar las condiciones laborales si la Administración incrementa la financiación de las plazas. Es decir, se portan como auténticos parásitos del sector público.
La COVID-19 ha puesto en evidencia tanto la situación de las Residencias como las condiciones en que las trabajadoras desarrollan sus tareas. Soportan importantes cargas de trabajo, en condiciones poco adecuadas, donde el respeto a la Salud Laboral brilla por su ausencia, falta de EPI´s, incumplimiento sistemático de la protección ante los riesgos biológicos, incremento de las cargas de trabajo y una plantilla insuficiente, hacen que las Gerocultoras, personal de atención directa, encabecen la siniestrabilidad en España.
Estas condiciones han provocado, con otras más, que en el último año la deserción y la falta de profesionales, se ha incrementado de manera importante, no solo entre enfermeras, fisioterapeutas o médicas, también en el personal auxiliar.
Recientemente un estudio de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales estimaba que debería producirse un incremento notable de la ratio de personal hasta alcanzar el 0,5 en 2021 y en 2026 en un 0,6, mientras que las condiciones salariales de las trabajadoras deberían incrementarse, ya, entre un 15 y 20%.
Actualmente trabajan en el sector en España, algo más de 200.000 personas y en Castilla y León en torno a las 35.000.
