La Junta de Castilla y León, junto a otras diez comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ha remitido este jueves una carta conjunta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico exigiendo la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. La solicitud se realiza al amparo del artículo 12 del reglamento que regula dicho órgano, tras la cancelación unilateral de la sesión prevista para el pasado 22 de julio por parte del Ministerio.
En el escrito, firmado por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y sus homólogos de Galicia, Andalucía, Madrid, Murcia, La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana, Cantabria, Extremadura, Baleares, Ceuta y Melilla, se califica la suspensión como un acto "arbitrario e injustificado", máxime al haberse solicitado la reunión por un número de comunidades superior al exigido por el reglamento.
El principal motivo de la convocatoria es la situación del lobo ibérico, así como la necesidad de aprobar el informe sexenal sobre su estado de conservación, exigido por la Directiva Hábitat de la Unión Europea y cuyo plazo de entrega finaliza el próximo 31 de julio. Las comunidades firmantes advierten que el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Defensor del Pueblo —argumento esgrimido por el Ministerio para no celebrar la reunión— no impide ni afecta la aprobación del informe, ni incluye medidas cautelares que paralicen su aplicación.
Además, en el orden del día propuesto por las autonomías también se incluye el reparto de los fondos correspondientes a los programas PIMA Cambio Climático y Especies Críticas 2025, instrumentos clave para llevar a cabo inversiones urgentes en conservación de la biodiversidad.
Las comunidades autónomas dan al Ministerio un plazo de dos días hábiles para atender esta solicitud y han advertido que, en caso contrario, se reservan el derecho de emprender acciones legales.
Con esta iniciativa, la Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con el respeto institucional, la legalidad y la defensa del medio rural y del medio ambiente.
