La Junta de Castilla y León, junto con otras diez comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, ha alzado la voz contra la “unilateralidad” con la que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha presentado el borrador del Plan Estatal de Vivienda 2026-2029.
En una declaración conjunta, estos gobiernos autonómicos denuncian que el documento, que marcará las políticas de vivienda en los próximos años, se ha dado a conocer sin negociación previa ni trabajo técnico compartido, relegando a las autonomías, responsables de ejecutar y cofinanciar estas medida, a un simple papel de alegantes.
Las comunidades firmantes (Galicia, Cantabria, La Rioja, Aragón, Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Andalucía, Murcia, Islas Baleares, además de Ceuta y Melilla) recuerdan que los planes estatales siempre se habían configurado desde el consenso y la cooperación. Sin embargo, critican que en esta ocasión el Ministerio haya presentado públicamente el borrador como si fuera definitivo, a escasos días de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana.
Desde Castilla y León se subraya que la vivienda es un derecho básico y una prioridad de gobierno. Por ello, junto al resto de territorios, se reclama al Ejecutivo central que respete el reparto competencial establecido en la Constitución y que escuche a quienes representan al 70 % de la población y del territorio nacional.
Los gobiernos autonómicos exigen un proceso real de negociación que contemple la creación de grupos de trabajo y sesiones técnicas, con el objetivo de diseñar medidas útiles y eficaces para familias, jóvenes y colectivos vulnerables.
La Junta de Castilla y León reitera su disposición a colaborar en una política de vivienda marcada por la lealtad institucional, la eficacia y la búsqueda de soluciones reales, frente a lo que considera una imposición unilateral del Ministerio.
