La Junta de Castilla y León quiere que el deterioro de las infraestructuras clave del país ocupe un lugar prioritario en la agenda de la próxima Conferencia de Presidentes. Así lo ha expresado este viernes el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, quien ha remitido al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática una batería de propuestas para que se incluyan en el orden del día de la cita interterritorial, que tendrá lugar el 6 de junio en Barcelona.
Entre las prioridades señaladas por el Gobierno autonómico figura la necesidad urgente de abordar la crisis en los sectores energéticos, ferroviarios, del transporte y las telecomunicaciones. Problemas como los apagones, las averías en infraestructuras ferroviarias, los recortes en las frecuencias de trenes y autobuses o los recientes fallos de cobertura móvil han llevado a la Junta a reclamar “consensos nacionales” para afrontar unas carencias que, aseguran, afectan por igual a todas las comunidades.
González Gago ha insistido en que es momento de que la Conferencia de Presidentes —máximo órgano de cooperación multilateral en el país— deje de ser un foro estéril: “Es muy importante alcanzar acuerdos sobre los desafíos comunes que enfrenta la sociedad y que estos compromisos se traduzcan en acciones reales”, ha subrayado el consejero.
Además del debate sobre infraestructuras, la Junta de Castilla y León quiere reactivar la discusión sobre el modelo de financiación autonómica. Un asunto que, pese a figurar ya en la anterior Conferencia de Presidentes celebrada a finales de 2024, no ha registrado “ningún avance tangible”, denuncian desde la Consejería de la Presidencia.
La administración autonómica también quiere llevar a debate la condonación de deuda a comunidades, una medida que rechaza “en los términos planteados por el Gobierno” por considerar que favorece a unas regiones frente a otras y rompe con el principio de igualdad entre ciudadanos.
La Junta ha pedido incluir igualmente en la agenda la cuestión de la inmigración y el control de fronteras, alertando sobre las posibles cesiones de competencias a determinadas comunidades, algo que considera de exclusiva competencia estatal.
En clave sanitaria, volverá a exigir soluciones al déficit de profesionales, especialmente médicos y enfermeros en ciertas especialidades, un problema que se agudiza en las zonas rurales de la comunidad.
Respecto a los temas ya avanzados por el Gobierno central —educación y vivienda—, Castilla y León se muestra favorable al debate, aunque introduce matices. En el plano educativo, pedirá que se aborde la financiación del tramo 0-3 años, que actualmente asume en solitario la Junta, pese a tratarse de un nivel obligatorio. En cuanto a la vivienda, solicitará que se trate específicamente el problema de la ocupación ilegal, buscando mayor seguridad jurídica para los propietarios.
El próximo miércoles 28 de mayo se celebrará el Comité Preparatorio en el que se decidirá el orden del día definitivo. González Gago ha expresado su deseo de que exista “receptividad por parte del Ministerio y del resto de comunidades” y ha reiterado que la intención de Castilla y León es “lograr acuerdos efectivos que repercutan positivamente en la vida de los ciudadanos”.
