La Alianza UPA-COAG denuncia la extrema carga burocrática que deben asumir los ganaderos de Castilla y León y que cada día crece más anteponiéndose al propio cuidados del ganado hasta convertirse en "un problema endémico" denunciado desde hace tiempo.
La organización pide mayor empatía a los responsables políticos de la Junta de Castilla y León en lo relativo a la gestión de determinadas tareas que a día de hoy recaen en la figura del ganadero "y que serían muy sencillas de cumplimentar por parte de los funcionarios públicos de las unidades veterinarias".
Es el caso, por ejemplo, de recogida de cadáveres, donde ya no expiden el resguardo del animal retirado necesario para actualizar el libro de registro de explotaciones. La alianza explica que esto supone un quebranto para no pocos ganaderos que se ven obligados a descargarse o a imprimir informes desde sus propios terminales tecnológicos, siendo esta tarea prácticamente imposible en algunos casos.
Las guías y movimientos de ganado, o los inconvenientes de tener que contar de forma permanente y diaria con el veterinario de clínica, de reproducción, de calidad son sólo algunas de las exigencias normativas que dificultan el trabajo de miles de explotaciones que se encuentran en zonas especialmente desfavorecidas y de montaña. Desde la organización recuerdan que lo que pueden parecer simples gestiones electrónicas derivan en los puntos más afectados por la falta de cobertura y de internet en problemas diarios.
La Alianza UPA-COAG recuerda que son las explotaciones pequeñas y medianas, gestionadas por autónomos y que suelen ser negocios familiares, los que más sufren esta situación. "Exigimos que se aplique el sentido común ante tantas imposiciones y obligaciones que duplican el papeleo sin aportar beneficios reales, y que son un problema especialmente para las granjas familiares". Así, instan a que sean las unidades veterinarias o secciones agrarias comarcales las que asuman la tramitación de infinidad de gestiones administrativas.
Recordando la merma de explotaciones, aseguran que la región "no puede permitirse perder más ganaderos y ganaderas", por lo que reclaman un plan de apoyo que racionalice las normativas y que proteja a esta profesión "absolutamente imprescindible para la soberanía alimentaria de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país".
