Unión Progreso y Democracia destaca la importancia que tiene en plena campaña electoral de las europeas la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha impuesto a España una multa de 30 millones de euros por no haber recuperado a tiempo las ayudas ilegales concedidas a empresas en el marco de las "vacaciones fiscales vascas", y que conocíamos el pasado martes, 13 de mayo. Una normativa creada por las Diputaciones Forales Vascas y "consentida por los gobiernos centrales del PPSOE en la década de los años 90" declara Águeda Arranz, candidata al Parlamento Europeo, en su visita a Zamora esta mañana.
Son unas subvenciones ilegales de alrededor de 500 millones de euros que se concedieron a empresas de nueva creación en forma de créditos fiscales. La formación magenta resalta que estos créditos correspondientes al 45% de la inversión que superaba los 15 millones de euros y una exención fiscal temporal para reducir el impuesto de sociedades durante los cuatro primeros años que obtuviera beneficios. Se calcula que fueron unas 300 empresas las que se beneficiaron de estas ayudas.
Subvenciones que como recuerda Arranz "vulneran las normas europeas de competencia y que se aplicaron sin comunicarse previamente a Bruselas". En 2001 la Comisión las declaró ilegales y exigió su devolución, devolución que se hizo con retrasos injustificados de más de 12 años.
La candidata Arranz apunta que esto ha supuesto provincias como Zamora, que industrias que han podido implantarse en ellas y crear riqueza y puestos de trabajo no lo han hecho ya que si se asentaban en el País Vasco, tenían unos privilegios fiscales que aquí no existían. "los empresarios han tenido que competir en desventaja con los de la Comunidad limítrofe".
Ante esta situación, Unión Progreso y Democracia defiende una fiscalidad común y única en España y en Europa, la igualdad de todos los ciudadanos y la eliminación de todos los privilegios y excepcionalidades fiscales.
Arranz subraya que es "absurdo" que en España se mantengan cinco regímenes fiscales diferenciados y en Euskadi, tres políticas fiscales distintas. "Ha sido Europa la que ha tirado de las orejas a los políticos irresponsables, pero los 30 millones los pagamos todos los ciudadanos y los perjuicios más grandes, que ya no tienen remedio, los hemos sufrido los castellanoleoneses".
Unión Progreso y Democracia en enero de este año a través del diputado en el Congreso, Álvaro Anchuelo, hacía una pregunta sobre quién iba a pagar la sanción que se ha confirmado ahora. Y proponía que el Gobierno articule algún mecanismo para que este importe repercuta en la comunidad infractora, el País Vasco.
Recordemos que la multa no viene a sancionar las ayudas. Sanciona las tácticas dilatorias que las haciendas forales vascas han venido utilizando desde que en el año 2000 se declararan ilegales y desde que en 2006 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligara a España a recuperarlas.
Las Haciendas forales se escudaron tras la amplia autonomía de que disponen para obstaculizar la recuperación de esas ayudas. La multa viene a penalizar esa burla a las decisiones de los tribunales europeos. Esta es la razón por la que UPyD cree que corresponde a las haciendas vascas afrontar la multa.
UPyD ya ha pedido varias veces la abolición de los conciertos forales, por suponer, en primer lugar una anomalía basada en "derechos históricos" difícilmente compatibles con el principio de igualdad.
Arranz tiene claro que el 25 de mayo tenemos la oportunidad de hacer algo "por nuestra defensa por nuestra igualdad, y por supuesto no es votando a los que consienten las desigualdades y los perjuicios entre provincias".
