UPL respalda en Zamora las reivindicaciones de las TCAE para lograr la reclasificación profesional en el grupo C1

El partido leonesista se compromete a llevar a las Cortes las demandas de las técnicas en cuidados de enfermería contra la precariedad laboral y salarial

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La sede provincial de Unión del Pueblo Leonés en Zamora acogió una reunión de trabajo entre representantes del partido y un grupo de Técnicas en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) integradas en la Plataforma Estatal de TCAE Unidos por el C1, organización nacional que agrupa a colectivos y sindicatos que reclaman la reclasificación profesional del sector en la categoría C1.

En el encuentro participaron el presidente provincial de UPL, Carlos Javier Salgado; el secretario provincial, Manuel Herrero Alonso; y el responsable de Política Social de UPL en Zamora, Javier Ramos Escalero.

Durante la reunión, las profesionales trasladaron la situación de “precariedad estructural” que, según denunciaron, afecta al colectivo desde hace más de veinte años. Entre las principales reivindicaciones destaca la exigencia de que las TCAE sean encuadradas en el subgrupo C1, ya que actualmente continúan clasificadas en el grupo C2, pese a que para ejercer la profesión es obligatorio contar con una titulación de Técnico de Grado Medio de Formación Profesional.

Las representantes de la plataforma señalaron que esta clasificación incorrecta supone una pérdida salarial de entre 200 y 300 euros mensuales, además de un reconocimiento profesional inferior al que consideran que les corresponde conforme al artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Reclaman aplicar el acuerdo firmado en 2022

Durante la reunión también se recordó que el Ministerio de Hacienda y Función Pública firmó en 2022, junto a los sindicatos CCOO y UGT, el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, que desbloqueaba la adaptación de los grupos profesionales a la titulación real exigida.

Sin embargo, denunciaron que ni el Estado ni las comunidades autónomas han aplicado todavía dicha reclasificación profesional para las TCAE.

Asimismo, las profesionales recordaron que en 2019 un juzgado de Canarias reconoció mediante sentencia que las oposiciones para TCAE debían convocarse conforme al grupo C1, obligando incluso a paralizar convocatorias realizadas bajo la clasificación C2.

Otro de los problemas expuestos fue la obsolescencia de sus funciones profesionales, reguladas todavía por una normativa de 1973 que, según explicaron, no refleja la realidad asistencial actual ni las responsabilidades que asumen diariamente en hospitales y centros sanitarios.

A ello se suma la falta de ratios regulados por ley y la ausencia de reconocimiento oficial como profesión sanitaria, pese al papel esencial que desempeñan en la atención directa a pacientes y en el funcionamiento diario del sistema sanitario.

UPL llevará las reivindicaciones a las Cortes de Castilla y León

Las representantes de la plataforma también pusieron el foco en la dimensión de género de esta situación, al tratarse de un colectivo integrado mayoritariamente por mujeres. En este sentido, recordaron el papel desempeñado durante la pandemia como primera línea de atención sanitaria y denunciaron que continúan siendo “invisibles” para las administraciones.

Tras escuchar las demandas, UPL trasladó su compromiso de convertir estas reivindicaciones en iniciativas parlamentarias concretas tanto en las Cortes de Castilla y León como ante las administraciones competentes.

El partido leonesista anunció que impulsará proposiciones no de ley y preguntas parlamentarias relacionadas con las competencias autonómicas, especialmente en materia de retribuciones y condiciones laborales del personal estatutario.

Además, las cuestiones dependientes de la Administración General del Estado, como la reclasificación profesional y la actualización del Estatuto Marco, serán trasladadas mediante iniciativas dirigidas a exigir al Gobierno central el cumplimiento de la legislación vigente.

Desde UPL consideran “inadmisible” que un colectivo esencial para la sanidad pública continúe desempeñando sus funciones sin el reconocimiento profesional, salarial y laboral que consideran justo y acorde a su formación y responsabilidades.

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