UGT Servicios Públicos en Castilla y León, ante los reiterados anuncios desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León en relación a la construcción de dos nuevas residencias para personas mayores dependientes en Ávila y Zamora, ha expresado sus dudas sobre su titularidad y gestión “ya que en ningún momento ha quedado claro que la gestión vaya a ser pública, a pesar de que serán construidas con fondos públicos”.
En este sentido, desde la federación han indicado que “las Residencias para personas con dependencia se financiarán con fondos públicos con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea, destinando 16 millones de euros a la residencia de Ávila y alrededor de 16,3 millones de euros para la de Zamora”. Concebidas según el modelo defendido por la Consejera, se construirán en torno a pequeños módulos, con unos 16 usuarios por cada módulo para atender a la denominada dependencia 5.0. “Estas residencias sustituirán a que actualmente tiene la Junta, obsoletas y que han resultado un modelo nefasto en la pasada pandemia”, han declarado fuentes del sindicato.
Pero no solo se trata de mejorar el modelo de residencias para personas mayores con dependencia, sino que, tal y como han indicado “los trabajadores públicos que en ellas trabajan y que son unos excelentes profesionales en todas y cada una de las competencias funcionales que conforman sus plantillas, deben formar parte de esa mejora”. Al este respecto, han calificado como “sangrante” el que no les hayan realizado ni una mínima evaluación psicológica tras la presión a la que se han visto sometidos mientras cuidaban a las personas dependientes; “han sido abandonados a su suerte” en lo más crudo de la pandemia, ignorándose todas y cada una de sus reivindicaciones.
Además, han señalado que “la Consejera tiene la obligación de defender al personal que trabaja en las residencias” y, al mismo tiempo, han expresado “su cansancio” ante el comportamiento de las consejeras de Familia de turno centrado en hacerse foto con personas dependientes, publicitar proyectos y poner primeras piedras de residencias que son financiadas con dinero público y cuya gestión privatizan y dejan en manos de empresas que, casualmente, están vinculadas a personas “cercanas” al gobierno, en este caso del PP.
Para terminar, UGT- Servicios Públicos de Castilla y León “ha exigido a la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y, por ende, a la Junta de Castilla y León, que de una vez por todas se pronuncie sobre la gestión de estas residencias para personas con dependencia, y lo haga para decir alto y claro, como no puede ser de otra manera, que la gestión será pública. Si no es así, otra vez nos estarían engañando, publicitando el proyecto y luego privatizándolo”.
