UGT y CCOO han valorado la capacidad de las organizaciones empresariales y sindicales a la hora de llegar a una reforma laboral de envergadura en los últimos 40 años. Una reforma que ya en su primer mes "de transición" dejan más de 250.000 contratos suscritos a lo largo de enero, más del doble con respecto al mismo periodo del año pasado. Para Fernando Luján, secretario confederal de la Comisión Ejecutiva confederal de UGT, la nueva reforma laboral -que entró en vigor el 31 de diciembre- supone un “nuevo contrato social” para combatir la excesiva precariedad y la excesiva temporalidad del empleo, dar una flexibilidad alternativa a las extinciones de contrato y reequilibrar la negociación colectiva.
Las confederaciones nacionales están explicando por todo el territorio nacional cuál es el acuerdo alcanzado y las repercusiones que tienen sobre los trabajadores, máxime en un momento en el que mañana, jueves, se debate en el Congreso de los Diputados la derogación de este reforma laboral, lo que supondría regresar a la contrarreforma impulsada por el PP en 2012. En este sentido, Luján ha mostrado que "no deja de llamar la atención que aquellos que se hacen llamar muy españoles son capaces de votar en contra a pesar de que es bueno para las empresas, los trabajadores y para el país".
El secretario confederal ha advertido que este acuerdo ha permitido la llegada de 20.000 millones de euros por parte de la Unión Europea "que entiende que el acuerdo alcanzado entre los interlocutores sociales es buena" y ha ha advertido: "Algunos deberían pensar antes si es bueno para su país antes de si esto lo ha sacado uno u otro Gobierno".
Desde los sindicatos han hecho hincapié en la lección y ejemplo de mediación por parte de los agentes sociales. "Es posible conseguir consenso y eso deberían de pensarlo los diputados mañana antes de votar".
Por su parte, el secretario de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO, Carlos Gutiérrez, ha destacado la "enorme profundidad" de esta reforma social y un "cambio de paradigma" que propone una protección al empleo y aprovecha la experiencia de la pandemia con los ERTE para implantar alternativas al despido para un nuevo escenario. Frente a las anteriores políticas públicas, Gutiérrez destaca que esta norma pactada en el marco del diálogo social en el año 2021 "provoca un cambio de rasante" frente a la cultura de la temporalidad y la precariedad y propone una cultura de la estabilidad laboral.
