El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha confirmado que el Ayuntamiento ha devuelto 669.000 euros en subvenciones concedidas por la Junta de Castilla y León para implantar el sistema de recogida selectiva de biorresiduos, conocido como "contenedor marrón", al considerar que era imposible ejecutar las actuaciones dentro de los plazos establecidos.
Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, el regidor municipal reconoció la devolución de estas ayudas después de ser preguntado por la denuncia realizada esta misma mañana por el Grupo Municipal del Partido Popular.
"Sí, efectivamente, lo hemos devuelto. Lo habrán visto en el decreto de devolución. Es imposible cumplir los plazos que se nos daban, absolutamente imposible", afirmó Guarido. El alcalde explicó que la decisión se adoptó para evitar un mayor perjuicio económico para las arcas municipales.
"Si no lo devolvíamos ahora, se nos cobraban intereses. Así hemos devuelto la subvención sin intereses", señaló, al tiempo que atribuyó la imposibilidad de ejecutar el proyecto a la falta de personal en el área de Infraestructuras.
La polémica surge después de que el Grupo Municipal del Partido Popular denunciara públicamente la devolución de dos subvenciones directas concedidas por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para implantar en la ciudad el sistema de recogida selectiva de residuos orgánicos.
Según los populares, las ayudas ascendían a 481.992,30 euros y 187.001,10 euros, respectivamente, lo que suma 668.993,40 euros, y fueron devueltas el pasado mes de junio al no haber podido destinarse a la puesta en marcha del contenedor marrón.
El PP considera una "tomadura de pelo" la explicación ofrecida por el equipo de Gobierno, ya que el decreto municipal atribuye la renuncia, entre otros motivos, a la baja de un funcionario del Área de Medio Ambiente producida en enero de 2025.
Los populares recuerdan que las subvenciones fueron concedidas en septiembre de 2023 y que el Ayuntamiento disponía de plazo hasta el 31 de mayo de 2026 para ejecutar las actuaciones, un periodo de 31 meses que, a su juicio, era suficiente para desarrollar el proyecto.
