La Coordinadora Feminista y la Asamblea 8M de Zamora ha lanzado un alegato conjunto de Zamora a Castilla y León. El movimiento de organizaciones feministas de la región solicitan la dimisión de la Junta tras el anuncio del conjunto de medidas de "promoción de la natalidad" pero que supone para estas organizaciones una eliminación de los derechos de las mujeres y por "pretender dirigirlas".
Una petición que realizan amparándose en los datos que apuntan a que en el año 2021 el total de las mujeres zamoranas que manifestaron su derecho a interrumpir el embarazo fueron derivadas a la sanidad privada. Fuera de la sanidad pública Zamora no posee ningún centro especializado en estas prácticas, lo que conlleva que estas mujeres tengan que desplazarse obligatoriamente a otro territorio para someterse a la intervención con el coste de desplazamiento que ello conlleva.
Unas cifras muy cercanas al conjunto de Castilla y León, que indica que en toda la región el 97,7 % de los abortos fueron derivados a otros territorios: "En Zamora no se realizan abortos desde hace muchísimos años". La solución sería derivarlas a Valladolid o ya apostar por una solución de manera privada con centros disponibles en Salamanca o Valladolid -entre los más cercanos- pero que implica costear de su propio bolsillo el total de la intervención, la anestesia -Castilla y León es la única región en la que no está financiada la sedación para abortar- y el desplazamiento.
Ávila, Palencia, Segovia y Soria también fueron otros territorios en los que el total de los abortos tuvieron que ser derivados a otras provincias para realizar dicha intervención. En el 2021 fueron 776 las mujeres que debieron trasladarse para acceder a este derecho.
El movimiento de organizaciones feministas asegura que, lejos de entrar en las declaraciones del gobierno de Castilla y León, que tildan de meras "ocurrencias", los datos hablan por sí solos. Y es que en el conjunto de la región más del 40 % de las mujeres han de pagar por su aborto.
De hecho, a excepción de Burgos que dispone de cobertura pública para el ejercicio de este derecho, todas las mujeres que quieren abortar sin costa alguno son derivadas a Valladolid, cuando no a otra Comunidad Autónoma -es el caso de Soria donde las mujeres son derivadas a una clínica concertada de Madrid-. Mientras, en el caso de las mujeres leonesas estas no pueden abortar gratis.
Aseguran que todas estas restricciones, obstáculos y coacciones para acceder al aborto impulsan a optar por prácticas inseguras y que ponen en riesgo su salud e integridad. Recuerdan que las mujeres que han tomado una decisión la llevarán sí o sí a cabo "esté, o no, prohibido, o limitado, o dificultado": "Solo las mujeres que tienen dinero y los medios podrían acceder a abortos seguros, mientras que las mujeres con menos recursos tienen que someterse a una carrera de obstáculos en la que el tiempo es determinante para ajustarse a unos plazos".
En este sentido ponen en duda los criterios de la Junta a la hora de intentar fijar población en la tierra con medidas que suponen auténticas trabas "a la libre ejercicio de los derechos de las mujeres y sin reconocer ni abordar el problema de la violencia de género".
Y recuerdan que hablar de aborto supone hablar de justicia social para las mujeres, siendo no sólo un derecho, sino un asunto de Salud Pública y una apuesta por "combatir la criminalización de las mujeres por querer construir un proyecto de vida" al margen de estereotipos que la considerar como una propiedad privada.
