Los responsables de las federaciones de pensionistas de UGT y Comisiones Obreras, Teo Movilla y Nieves García, respectivamente, han reactivado este jueves su ofensiva contra los planes de la Junta de Castilla y León en torno a la residencia de Los Tres Árboles en Zamora, un recurso asistencial que consideran clave para sostener el sistema público de cuidados en una provincia “extremadamente envejecida”.
En una rueda de prensa centrada en la situación del centro, los portavoces sindicales han recordado que ya han entregado 2.000 firmas en la administración autonómica y han advertido de que, lejos de resolverse el conflicto, la respuesta institucional ha estado marcada por lo que califican como “ambigüedades” en torno al futuro del edificio: apertura como residencia, posible conversión parcial en centro de día o nuevas fórmulas de gestión aún sin concretar.
Desde ambas organizaciones insisten en que el objetivo es mantener Los Tres Árboles como residencia pública íntegra, con 167 plazas, en un contexto en el que denuncian que en la provincia existen “más de 50 residencias privadas” frente a un número muy reducido de plazas públicas.
2.000 personas en lista de espera y precios inasumibles para muchas familias
Uno de los ejes centrales de la denuncia sindical se sitúa en el acceso real a las plazas residenciales. Según los datos expuestos, la provincia de Zamora podría contar con alrededor de 2.000 personas en lista de espera, una cifra que los representantes consideran “muy significativa” si se cruza con la capacidad actual del sistema.
A ello se suma la brecha económica. Los sindicatos han apuntado que el coste medio en residencias privadas se sitúa en torno a 1.750 euros mensuales, pudiendo superar incluso los 2.000 euros, mientras que la pensión media en la provincia ronda los 1.250 euros, con una mayoría de perceptores situados entre los 700 y 900 euros.
En este escenario, alertan de que el acceso a una plaza se convierte en un proceso condicionado por la capacidad económica familiar, con situaciones en las que, según relatan, se llega a exigir apoyo económico directo de los hijos o venta de patrimonio para poder sufragar la estancia.
Críticas al modelo de gestión y defensa del sistema público de cuidados
El discurso sindical ha puesto el foco en el modelo de gestión de las residencias, al que acusan de priorizar la rentabilidad económica sobre el derecho a los cuidados. En este sentido, defienden que la administración debe reforzar la red pública o ampliar los conciertos con centros privados, pero garantizando el acceso universal.
En su intervención, también han subrayado el impacto demográfico de la provincia, una de las más envejecidas del país, lo que a su juicio obliga a reforzar de forma estructural los servicios sociales y sanitarios vinculados a la dependencia.
Asimismo, han planteado la necesidad de ampliar recursos en zonas como Puebla de Sanabria, donde consideran que también debería existir una residencia pública que dé cobertura a la comarca.
Reunión pendiente con la Junta y posible escalada de movilizaciones
Los representantes de pensionistas han confirmado que han solicitado una reunión con el delegado territorial de la Junta para conocer el futuro inmediato del centro, en un momento en el que la apertura de la nueva residencia y la reorganización de plazas sigue sin calendario cerrado.
Advierten de que, en función del resultado de ese encuentro, se abriría un abanico de acciones que incluye concentraciones y movilizaciones en la vía pública, sin descartar nuevas protestas en los próximos meses.
La estrategia, subrayan, dependerá de la respuesta institucional, aunque insisten en que su posición no varía en función del signo político del gobierno autonómico, al considerar que el debate trasciende la coyuntura electoral y afecta directamente al modelo de atención a la dependencia en Castilla y León.
