El PSOE de Zamora critica el pacto PP-Vox por “falta de proyectos” para la provincia

En materia de acción sindical, ha rechazado la propuesta de reducción del 50% de las subvenciones a sindicatos, defendiendo su papel como herramienta necesaria también en territorios como Zamora
Iñaki Gómez y Javier García
photo_camera Iñaki Gómez y Javier García

El PSOE de Zamora ha cargado contra el acuerdo de gobierno alcanzado entre el Partido Popular y Vox en la Junta de Castilla y León, al que acusan de carecer de concreción en materias clave y de no incluir proyectos estratégicos para la provincia.

Los procuradores socialistas Iñaki Gómez y Javier García han realizado una valoración muy crítica del documento, al que han calificado de “inconcreto”, “inconcluso”, “mediocre” y “sectario”, señalando además que incorpora una fuerte carga ideológica en ámbitos como medio ambiente, inmigración, familia y derechos sociales.

Iñaki Gómez ha centrado su intervención en la ausencia de actuaciones específicas para Zamora dentro del acuerdo. Según ha denunciado, el texto dedica amplias referencias a infraestructuras de competencia estatal, pero apenas concreta inversiones o proyectos propios de la Junta en la provincia.

En este sentido, el representante socialista ha echado en falta compromisos sobre iniciativas como el centro cívico, el centro multiservicio para personas mayores, el Conservatorio de Música de Zamora o el Museo de Semana Santa, actuaciones que, según ha recordado, acumulan retrasos o permanecen sin definición clara.

Gómez también ha criticado el apartado de vivienda, al considerar que no ofrece soluciones suficientes ante uno de los principales problemas sociales de la provincia. Asimismo, ha reprochado al Partido Popular su postura respecto a los fondos europeos, al asegurar que ahora reclama recursos que en su momento votó en contra de aprobar.

En materia de acción sindical, ha rechazado la propuesta de reducción del 50% de las subvenciones a sindicatos, defendiendo su papel como herramienta necesaria también en territorios como Zamora.

El procurador socialista ha sido especialmente crítico con el enfoque del acuerdo en materia de inmigración, al que ha acusado de incluir planteamientos “racistas”, “xenófobos” y “excluyentes”. Gómez ha defendido que el principal problema de Zamora no es la inmigración, sino la despoblación, y ha advertido de que el documento plantea restricciones en la atención sanitaria a personas en situación irregular, salvo casos de urgencia vital, algo que considera contrario al modelo de servicios públicos.

Por su parte, Javier García ha centrado su análisis en los apartados de educación y cultura del acuerdo. El procurador socialista ha cuestionado la inclusión del denominado “derecho inalienable” de los padres a decidir la educación de sus hijos, una formulación que considera excesiva y que, a su juicio, resta peso al papel de las administraciones educativas y al interés superior del menor.

García también ha criticado que el pacto presente la digitalización de las aulas como una novedad, sin abordar el uso responsable de los dispositivos en el entorno escolar. En materia educativa, ha defendido la necesidad de atender a la diversidad del alumnado en su conjunto, con más recursos para el profesorado, más allá de la atención específica a las altas capacidades.

En el ámbito de la alimentación escolar, ha cuestionado la referencia a la prioridad del producto español en los comedores, al considerar que no aborda el problema estructural del servicio. Frente a ello, ha defendido la recuperación de cocinas en los centros educativos y el impulso a productos de proximidad que favorezcan también a la economía local.

Finalmente, Javier García ha calificado el apartado de cultura y patrimonio del acuerdo como “pobre y poco concreto”, reclamando mayor atención a la financiación de museos autonómicos, a la conservación del patrimonio religioso y a la gestión de espacios como el Monasterio de Moreruela o el yacimiento de Camarzana de Tera.

El PSOE de Zamora ha concluido reiterando su preocupación por lo que consideran una falta de compromiso real con las necesidades específicas de la provincia dentro del nuevo marco de gobierno autonómico.

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