El Partido Popular de Zamora ha denunciado hoy en rueda de prensa la supresión de paradas del tren AVE en la estación de Sanabria. El acto, celebrado al aire libre, ha contado con la participación de los diputados nacionales Elvira Velasco y Óscar Ramajo, así como del portavoz de Transportes del PP en las Cortes de Castilla y León, Héctor Palencia.
Los populares han criticado duramente la “hipocresía” del PSOE e Izquierda Unida por acudir a manifestaciones contra la eliminación de paradas mientras votaban en contra de propuestas del PP en las Cortes autonómicas que exigían su recuperación. Además, acusaron al ministro Óscar Puente de ser el verdadero responsable de las decisiones del PSOE en Castilla y León y deje de atender su "ego".
El portavoz del PP remarcó que Izquierda Unida “no puede hacer oposición mientras está en el Gobierno”. En este sentido, exigió que SUMAR e IU trasladen la petición de recuperación de las paradas directamente al Consejo de Ministros, en lugar de limitarse a presentar proposiciones no de ley “que no resuelven nada”.
“Gobiernan. Tienen ministros. Pues que tomen decisiones”, reclamó el portavoz. También cuestionó el papel del Ayuntamiento de Zamora por intentar liderar el debate ferroviario en toda la provincia cuando “no tiene competencias fuera del término municipal”.
El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, también fue blanco de las críticas populares. Lo acusaron de incoherencia política, recordando que en su día se oponía al AVE por considerarlo un tren para "adinerados". "Ahora quiere venderse como el gran defensor del AVE cuando ha llegado tarde a todo", señalaron. También cuestionaron que haya convocado una mesa de trabajo sobre el tren desde el Ayuntamiento, que piden se disuelva: "en vez de dedicarse, por ejemplo, a resolver los problemas de esta rotonda que cada vez que llueve se inunda, se dedica a torpedear las acciones del Partido Popular".
Ante esta medida, que desde el partido defienden tenía que haberse consultado antes, el PP ha registrado una solicitud formal para obtener toda la documentación relacionada con la supresión de las paradas, incluyendo los informes técnicos, las solicitudes de Renfe y la autorización expresa del ministro, es decir, el expediente completo relativo a la supresión. También han pedido acceso al contrato-programa de Renfe con el Ministerio hasta 2025 para determinar si la medida se ajusta a la legalidad. No descartan acudir a los tribunales si los documentos muestran irregularidades.