El Ayuntamiento de Zamora ha celebrado un pleno protagonizado por la polémica en torno al servicio de autobús urbano después de que la empresa concesionaria, SEMURA BUS SL, haya interpuesto un recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo plenario adoptado el pasado mes de enero. Pese a que el alcalde, Francisco Guarido, se reunió ayer con la asamblea de trabajadores de los autobuses de Zamora y les aseguró que el servicio continuaría igual que antes, por lo que lo que la plantilla “no tiene de qué preocuparse”, la oposición ha acusado al equipo de Gobierno de "parchear" un contrato cuyo presupuesto deberá llevarse a un nuevo pleno, ya a finales de marzo.
Ha sido en un pleno que ha contado con la presencia de varios de los trabajadores del servicio que se han visto afectados por lo debatido en el Consistorio y tras la garantía mostrada por el Ayuntamiento reiterado en la asamblea a última hora de la noche del lunes y de nuevo, en la sesión plenaria.
El equipo de Gobierno ha asegurado que si la empresa no desea continuar con el contrato se procederá a una liquidación, si bien la intención "es mantener esta situación lo menos posible" al tiempo que ha cuestionado ese coste real que el PP estima en 2,1 millones de euros: "No sé de dónde se lo ha sacado". Finalmente se ha aprobado la resolución del recurso de reposición por 17 votos a favor de IU y del PSOE y con cinco abstenciones del PP y Ciudadanos.
Todo ello bajo el continuo recordatorio de que los puestos de trabajo estaban asegurados: "No tienen de qué preocuparse. O les paga una empresa, o les paga otra o les paga el Ayuntamiento, que es lo importante y el servicio se va a prestar". A su vez, Guarido ha reconocido el contacto con otras empresas dentro de un "plan B" que para el alcalde supone "ejercicio de responsabilidad" para garantizar la continuidad del servicio.
Todo ello con las peticiones realizadas desde la bancada socialista que ha solicitado que se asegure la calidad del servicio hasta disponer de los nuevos pliegos: "Si tenemos que asegurarlo poniendo más dinero sobre la mesa habrá que hacerlo", remarcando Gago que se trata de un servicio fundamenta para la ciudad y piden que el nuevo pliego cuente con una condiciones dignas para los trabajadores, un pliego "moderno y útil" que cumpla con las reivindicaciones sindicales.
El cruce de acusaciones entre el equipo de Gobierno del IU y el PP ha sido mutuo y con varios turnos de palabra. "Hoy sólo van a poner un parche a un problema que sólo ustedes han generado". El Grupo Popular, encabezado por su portavoz Víctor López de la Parte, ha acusado al equipo de Gobierno de no poner en conocimiento de la oposición ni la disposición de la empresa de no continuar prestando el servicio más allá del 28 de febrero, ni tampoco de la aceptación del fin de servicio comunicada por Guarido en el mes de octubre.
"En estos meses no sólo no saca a licitación el contrato, sino que unilateralmente hace un mes acuerdan por pleno una prórroga obligatoria para que la empresa siga prestando el servicio". Una prórroga que, tal y como apunta, se sitúa por debajo del coste real del servicio: "Y esto sí es ilegal", recuerda. De la Parte ha ido más allá y ha recordado que el Ayuntamiento conocía desde hace diez años el fin del contrato.
Críticas también desde el grupo de Ciudadanos donde Cruz Lucas ha apuntado que "sólo faltaría que también Zamora perdiera el servicio de autobuses" y que se suma a las dudas mostradas por el PSOE que en el anterior pleno voto a favor. David Gago ha asegura que con esta situación, Zamora no hace más que perder oportunidades: "Perdemos la oportunidad de tener un contrato de autobús urbano acorde a las necesidades de la propia ciudad, y si ahora hemos iniciado un proceso de bajas emisiones en la mayor parte de las calles del centro de la ciudad vamos a perder la oportunidad instantánea de tener un servicio de transporte que pueda ofrecer ese servicio".
Guarido ha reconocido al Grupo Socialista que el equipo de Gobierno debería haber licitado el contrato "y así se hará rápidamente en las próximas semanas y en el próximo mes". Más duro ha sido con el PP a quien ha recordado que el actual contrato que vence procede del 2012, cuando los populares ocupaban la silla de Gobierno: "Y ese contrato empezó mal". Guarido ha recordado que ese contrato llegó con una sentencia "de entrada" por parte de la anterior concesionaria y que se sumó a dificultades por la amortización de vehículos.
El edil ha recordado que a lo largo de 2018 se amplió el servicio para cubrir zonas y frecuencias que no estaban cubiertas hasta el momento. El asunto ha subido de tono al hablar de la transparencia y que se ha saldado con un cruce de acusaciones por corrupciones y contratos vencidos de plazo.
