La ministra de Migraciones, Inclusión y Seguridad Social y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, visita por primera vez Zamora para mantener un encuentro con colectivos sociales, sindicatos y organizaciones del tercer sector, en el marco de su agenda de políticas progresistas y campaña electoral. La ministra eligió para atender a los medios la sala de exposiciones del Palacio de la Alhóndiga, actualmente dedicada a una muestra sobre la guerra de Ucrania, desde donde realizó declaraciones sobre pensiones, inmigración y servicios públicos.
Saiz abrió su intervención felicitándose por la revalorización de las pensiones, que beneficiará a 48.000 zamoranos y zamoranas, tras la reciente convalidación en el Congreso de un decreto que garantiza incrementos del 2,7% conforme a la cesta de la compra y hasta un 11% adicional para los colectivos más vulnerables, incluyendo pensión de viudedad con hijos a cargo e Ingreso Mínimo Vital. La ministra recordó que el Partido Popular, tanto en el gobierno como en la oposición, históricamente bloqueó medidas de justicia social, dejando a los pensionistas en situación de incertidumbre.
Junto a Saiz, el secretario general del PSOE zamorano, Antidio Fagúndez, y el candidato a las Cortes, Iñaki Gómez, destacaron que estas medidas son parte de un proyecto progresista para Zamora, que incluye la mejora de los servicios públicos y políticas que den respuesta a los retos demográficos, sociales y económicos de la provincia.
A continuación, la ministra abordó la política migratoria, destacando que el procedimiento de regularización extraordinaria permitirá integrar a personas inmigrantes que residen en Zamora y que hasta ahora estaban invisibilizadas. Subrayó que se trata de un proceso de justicia social, centrado en los derechos humanos, que estará operativo a partir de los primeros días de abril y que se desarrolla con la colaboración de sindicatos, entidades sociales y centros de menores, incluyendo Cáritas y Cruz Roja.
En un tono crítico, Saiz señaló que la Junta de Castilla y León, bajo la gestión de Alfonso Fernández Mañueco, celebra los datos de empleo mientras debilita los servicios públicos esenciales, como educación, sanidad y servicios sociales, culpando en ocasiones a la población inmigrante de los problemas. "No se puede permitir un discurso que responsabilice a la población extranjera de crisis que son consecuencia de la dejación autonómica", afirmó.
Además, la ministra destacó avances en protección social y seguridad social, como la incorporación de 11 patologías que permiten a trabajadores con discapacidad superior al 45% jubilarse anticipadamente a los 56 años sin merma en su pensión, incluyendo enfermedades como espina bífida, Parkinson o enfermedad renal grave. También se mantiene un procedimiento objetivo de jubilaciones anticipadas para profesiones especialmente penosas, fruto del acuerdo con sindicatos y patronal.
La ministra portavoz subrayó que, pese a los bloqueos del PP y la ultraderecha, el Gobierno mantiene su compromiso con las personas vulnerables, incluyendo las medidas del escudo social, bonificaciones eléctricas y apoyos a autónomos, y que continuará trabajando con diálogo social y participación de entidades del tercer sector para garantizar políticas progresistas que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía.
