El Pleno del Ayuntamiento de Zamora estuvo marcado por la tensión tras las protestas de unos 80 empleados públicos municipales, un episodio en el que la concejala de Personal, Laura Rivera, situó el eje del debate en la implantación de la carrera profesional como principal foco de la controversia laboral.
La concejala de Personal, que no respondió a las protestas durante la sesión plenaria al considerar que no era el foro adecuado, sí lo hizo posteriormente desde Alcaldía. Allí ha enmarcado el pago de la carrera profesional como uno de los compromisos centrales con los empleados públicos, aunque ha advertido de que su implantación supone un impacto relevante en el presupuesto municipal, que ha cifrado en torno a 1,5 millones de euros anuales.
Se trata, según ha explicado, de un sistema retributivo de carácter estructural que afectaría a la totalidad de la plantilla, con cuantías variables en función de la categoría profesional y la antigüedad, que oscilarían aproximadamente entre 70 y más de 600 euros mensuales. En este sentido, ha insistido en que su aplicación exige de forma imprescindible informes técnicos, respaldo jurídico y encaje presupuestario, al tratarse de un gasto recurrente que debe evaluarse con criterios de sostenibilidad financiera antes de su activación efectiva.
La responsable municipal ha negado de manera rotunda la existencia de impagos en el Ayuntamiento y ha advertido de que el mensaje relativo a trabajadores que llevarían “cinco meses sin cobrar” puede distorsionar la realidad del funcionamiento interno. Según ha precisado, las nóminas ordinarias se abonan con normalidad, mientras que los retrasos se circunscriben al abono de horas extraordinarias, una situación que ha vinculado a la elevada carga de trabajo y a la falta de personal en determinados servicios, con especial incidencia en el área de Personal.
En este contexto, ha reconocido que el volumen de horas extra es significativo, aunque ha subrayado la necesidad de revisar su uso de forma estructural, ya que puede evidenciar déficits de plantilla. Esta lectura, ha señalado, abre la puerta a estudiar posibles refuerzos de personal en los departamentos más tensionados, en función de las necesidades organizativas.
La concejala ha incorporado además al debate la ausencia de un sistema de control horario plenamente implantado en la administración local, una carencia técnica que, según ha explicado, responde a dificultades en el servicio de informática. Ha apuntado que esta situación ha facilitado la presencia de algunos empleados en la protesta durante la sesión plenaria, sin concretar circunstancias individuales, y planteando si dichas ausencias se enmarcaban en tiempos de descanso o en el ejercicio de derechos sindicales, diferenciados de la jornada ordinaria.
En paralelo, ha deslizado que la movilización podría responder a “otras motivaciones” más allá de las estrictamente laborales, al no compartir el diagnóstico formulado por la representación sindical, y ha defendido la línea de actuación del equipo de gobierno en materia de recursos humanos, basada —ha señalado— en ofertas de empleo público, procesos de estabilización y mejoras retributivas en distintos colectivos municipales.
Al cierre de la sesión plenaria, la concejala ha concluido su intervención con un mensaje dirigido a la normalización de la actividad administrativa tras la protesta: “Ahora, a trabajar”.
