Los profesores de Secundaria afirman que la Ley deteriora las condiciones laborales de los docentes.
La Asociación de Profesores de Secundaria de Castilla y León, ASPES, ha hecho públicos esta mañana diversos aspectos negativos de la LOMCE que, a juicio de la entidad, "supone una privatización encubierta de institutos y escuelas". La asociación destaca asimismo que la nueva Ley deteriora las condiciones laborales de los docentes y "perpetúa el fracaso escolar maquillando los datos".
Cándido Ruiz, presidente de ASPES, y Miguel Álvarez (delegado) han destacado diversos puntos negativos de la Ley de Educación que entrará en vigor el próximo año y que esta semana ya aparece publicada en el BOCyL.
Tras incidir en que la educación "no puede depender de los caprichos políticos del momento", Cándido Ruiz ha incidido en que "no es una ley nueva, es un refrito de la enterior que profundiza es aspectos de la LOE que ya se barajaban en autonomías gobernadas por el PSOE como Cataluña o Andalucía, por lo que no hay tanta diferencia entre PP y PSOE, el enfrentamiento que nos venden es una pura falacia".
Para Ruiz, la LOMCE "viene a institucionalizar los recortes, eleva los aprobados con triquiñuelas, salva la Religión y las prebendas que disfrutan sus profesores y dota a los directores de los centros de un poder que les convierte en un comisario de partido al modo de la Unión Soviética, ya que tienen la potestad de modificar la plantilla".
Otros aspectos como la ratio de alumnos (que aumenta en un 10 por ciento) o la cesión de suelo público para centros privados, así como la composición del tribunal que decide la incorporación de un directos han sido tratados en la rueda de prensa. "Los aspirantes a director -señala Cándido Ruiz- serán revisados por un tribunal compuesto en un 50 por ciento por cargos públicos, por lo que se reduce el Consejo Escolar. Esto sólo va a favorecer el nepotismo y el enchufismo, ya que el director va a poder elegir a dedo entre interinos, y quien dice esto dice familiares y amigos".
Para ASPES la nueva ley es "una degradación de la función pública", ya que las pruebas de Secundaria serán corregidas por empresas privadas, "una barbaridad que no se daba ni con el Franquismo".
La situación de los expertos en lenguaje (que serán contratados con menores sueldos) o de los profesores de Religión ("que año tras año pierde alumnos, lo que supone un recorte aunque intentan salvar las prerrogativas de la Iglesia equiparando la Religión a la Filosofía) también han sido denunciadas por los docentes, que han concluido en que la nueva ley supone "una privatización encubierta de institutos y escuelas. El sistema no cambia y se perpetúa el fracaso escolar aunque se maquillen los aprobados" así como "un deterioro de las condiciones laborales que además va a generar mucha movilidad geográfica en el profesorado".
