La Diputación de Zamora gobernada por PP y Cs, que presume de buena gestión, es vergonzosamente una de las cinco diputaciones provinciales de toda España que no ha presentado en plazo ante el Tribunal de Cuentas la Cuenta General del año 2019, por lo que podría sufrir la retención de tributos estatales que el propio Tribunal ha instado al Gobierno a retener a las entidades locales que hayan incumplido.
Cuando en el Pleno del mes de abril de este año se aprobó la Cuenta General de la Diputación de 2019, desde el grupo de IU ya advertimos del retraso inexplicable con el que se aprobaba esta Cuenta, dado que se habían aprobado dos Presupuestos, del año 2020 y 2021, sin conocer de manera oficial el resultado de las Cuentas del año 2019. Y sobre todo cuando en ambos Presupuestos la mayoría de la inversión se hacía con cargo a remanentes que sólo con la aprobación de las cuentas se podía calcular de manera exacta, y que según la Liquidación del año 2019 ascendían a 67 millones de euros.
Esta valoración política que hacía el Grupo de IU se ha visto ahora ratificada técnicamente por el Tribunal de Cuentas, que constata el incumplimiento por parte de la Diputación de los plazos legales para la presentación de la Cuenta General de 2019.
Ello supone que, de hacer caso a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, además de retener los tributos estatales se podrían perder subvenciones o ayudas públicas en el caso de que se estableciera como condición estar al corriente en la rendición de cuentas al Tribunal para que las entidades locales puedan ser beneficiarias.
El retraso es injustificable porque tal y como recoge el informe del Tribunal de Cuentas: "con carácter general estos plazos legales de rendición de cuentas por parte de las entidades locales resultan excesivamente dilatados, teniendo en cuenta que el desarrollo de las nuevas tecnologías permitiría formar, tramitar, aprobar y rendir la cuenta general en plazos más reducidos".
Tampoco se puede alegar el parón producido por el Covid en las administraciones, porque para el ejercicio 2019 los plazos de rendición de cuentas fueron ampliados en 99 días, debido al tiempo de duración efectiva del estado de alarma declarado por la pandemia de la Covid y sus prórrogas, de manera que las entidades locales debían rendir la cuenta general de 2019 al Tribunal de Cuentas antes del 22 de enero de 2021.
Pese a esa ampliación, la Diputación de Zamora fue incapaz de cumplir los plazos, algo que sólo han hecho cuatro diputaciones más.
En la provincia de Zamora hay además un 34% de ayuntamientos que no han rendido la Cuenta de 2019 (según el Consejo de Cuentas de CyL sólo lo hicieron el 66%). Y esto es también responsabilidad de la Diputación, porque tiene como obligación atender subsidiariamente a los municipios que por falta de medios no pueden hacerlo.
Pero si la Diputación es incapaz de cumplir con sus obligaciones, mucho menos podrá ayudar a que lo hagan los ayuntamientos, que en su mayoría sí cumplen con la rendición de cuentas.
Hay que decir también que además de retrasarse en los plazos de presentación de la Cuenta de 2019, el retraso en la inversión en este año también batió récords: al finalizar el año 2019 sólo se había invertido el 30% en las carreteras (5 millones de 15), el 40% de inversión de otros entes públicos (5 millones de 12), entre el 7% y el 23% de la inversión asociada a los servicios, y el 52% de subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro. Mucho más eficientes han sido los ayuntamientos de los pueblos que consiguieron gastar e invertir el 70% de las transferencias para obras y planes (8,3 millones de 12 en total).
El Grupo de IU preguntará en Pleno:
- Por las causas del retraso en la presentación de la Cuenta de 2019.
- Por las consecuencias que puede traer la posible retención de los tributos estatales o la pérdida de subvenciones.
- Por las medidas que se piensan tomar para no seguir siendo una de las escasas diputaciones de España que no ha sido capaz de cumplir los plazos establecidos por el Tribunal de Cuentas.
Al margen de las posibles explicaciones si se dan, el retraso del año 2019 en el cumplimiento de las obligaciones con el Tribunal de Cuentas y el retraso de la inversión el mismo año son motivos más que suficientes para exigir desde IU la asunción de responsabilidades políticas por parte del equipo de gobierno, tanto por la mala imagen de esta institución ante los organismos oficiales, como sobre todo por los posibles perjuicios a la provincia en caso de la retención de los tributos estatales que constituyen el grueso de los ingresos de la Diputación.