El Portavoz del Grupo Socialista Eduardo Folgado enumera las 10 propuestas fundamentales del Decálogo, la primera "poder utilizar íntegramente los recursos que equivalen a los remanentes líquidos de tesorería sin que computen en regla de gasto ni en déficit".
El Grupo de Diputados Socialistas destaca que "para que nadie se quedará atrás, que los más de 300 Ayuntamientos sin remanentes, en situación de riesgo financiero, y también dispondrán de fondos que les prestarán las Diputaciones o Consejos Insulares, bien en efectivo o bien mediante inversiones y actuaciones que realizarán las entidades provinciales".
"Se trata de un buen acuerdo, traducido en un Real Decreto Ley, que sirve para que el mundo local en su conjunto pueda superar la situación de asfixia económica y abandono en la que el Gobierno del PP, con Rajoy y Montoro a la cabeza, dejaron a los Ayuntamientos españoles en el año 2012".
El Portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial, Eduardo Folgado, ha anunciado la presentación de una Moción en el Pleno Ordinario del mes de Octubre en la que el PSOE propondrá en forma de Decálogo el "apoyo al Real Decreto Ley 27/2020, de 4 de agosto, que recoge una batería de medidas sobre financiación que servirán para activar económicamente a las Entidades Locales".
La Propuesta de acuerdo propone en primer lugar poder utilizar íntegramente los recursos que equivalen a los remanentes líquidos de tesorería sin que computen en regla de gasto ni en déficit.
En segundo lugar plantea que se podrá prorrogar el superávit del 2018 y utilizar el superávit de 2019, que supone más de 3.000 millones de euros. El RDL hace compatible para los Ayuntamientos usar los recursos de los remanentes y el superávit de ambos ejercicios.
En tercer lugar la Moción del PSOE pide Promover un Fondo a cargo de los PGE de 275 millones de €, que se podrá ampliar a 400 millones, para compensar el déficit del transporte público municipal.
En cuarto lugar plantea que se distribuirán 600 millones de € entre las Entidades Locales por las entregas a cuenta del año 2019, y en quinto garantizar ARANTIZAR que las Entidades Locales participen de los Fondos Europeos que llegarán a España desde las Instituciones Europeas para los próximos años.
En sexto lugar la Moción propone abordar en la presente Legislatura la Reforma Local, asumiendo más competencias y una nueva financiación local en paralelo a la financiación autonómica. En séptimo lugar disponer de los recursos financieros sin generar déficit y haciendo un préstamo de los remanentes al Estado voluntariamente. La incautación de los remanentes lo hizo el Gobierno del PP obligando a las EE. LL a tener los recursos de los remanentes (RLTGG) en los bancos generando intereses para el beneficio exclusivo de las entidades financieras.
En octavo lugar Eduardo Folgado destaca la propuesta por la que el Estado habilitará de forma inmediata un fondo de 5.000 millones de euros del que se nutrirán las Entidades Locales que presten sus remanentes de forma voluntaria:
· Como mínimo las EE.LL. recibirán el 35% del total de los remanentes aportados. El 40% de ese fondo, 2.000 millones de €, estará disponible en el plazo de un mes para ejecutarlo en lo que queda de año. El 60% restante, 3.000 millones de €, se usará el año que viene, 2021.
· A partir del año 2022, y durante 10 años, las EE.LL. recibirán el 100% del capital prestado a la AGE, con lo que la entrega se realizará en 10 anualidades.
· En suma, las Entidades Locales recibirán directamente un mínimo del 135% de los remanentes entregados y podrán gastarlo en cualquier concepto del presupuesto.
En noveno lugar se refiere a que los remanentes se podrán gastar para transformar nuestros municipios y mejorar la vida de las personas tras la pandemia Covid-19. Los ahorros de las Entidades Locales, de sus vecinos, se destinarán a actuaciones e inversiones en casi medio centenar de ámbitos referidos a la movilidad, el urbanismo, la vivienda, la sostenibilidad, el medio ambiente, la atención social y el cuidado a las personas, la educación infantil, el deporte o la cultura.
El décimo y último apartado señala: "Nadie se quedará atrás. Hay algo más de 300 Ayuntamientos sin remanentes, en situación de riesgo financiero, y estos Ayuntamiento también dispondrán de fondos que les prestarán las Diputaciones o Consejos Insulares, bien en efectivo o bien mediante inversiones y actuaciones que realizarán las entidades provinciales".
En la exposición de motivos de la Moción Eduardo Folgado señala que "la proximidad de los Ayuntamientos a la ciudadanía, al ser la administración de acceso y canalización de sus problemas, debe ser puesta en valor ahora más que nunca para detectar sus principales necesidades e implementar soluciones al respecto. El Gobierno de España y la FEMP, conscientes de esta importancia, entienden que es necesario ampliar las competencias y capacidades financieras de los Gobiernos Locales, garantizando el respeto de la autonomía local y fortaleciendo el papel de los municipios".
Añade el Portavoz del PSOE en la Diputación Provincial de Zamora que "para permitir el desarrollo efectivo de estos objetivos es necesario asegurar a las Entidades Locales recursos suficientes y, para ello, a lo largo de esta Legislatura se aprobará un nuevo sistema de Financiación Local, en paralelo con la reforma de la financiación autonómica, que supere el marco de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
"Se trata de un buen ACUERDO, traducido en un Real Decreto Ley, que sirve para que el mundo local en su conjunto pueda superar la situación de asfixia económica y abandono en la que el Gobierno del PP, con Rajoy y Montoro a la cabeza, dejaron a los Ayuntamientos españoles en el año 2012. Desde entonces, desde hace 8 años, los Ayuntamientos no pueden usar libremente los remanentes generados porque el PP aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que sirvió para maltratar a los Ayuntamientos implantando una regla de gasto que activó el "austericidio". Además de ello, el PP impuso con su mayoría parlamentaria la LRSAL, ley aprobada unilateralmente por el gobierno del PP en diciembre del 2013 que ha servido para quitar empoderamiento y competencias a los Ayuntamientos, convirtiendo a los Gobiernos Locales en muchos casos en entidades menores subordinadas de las CC.AA".
"Los Ayuntamientos tienen ahora una oportunidad para planificar nuevas prioridades de actuación municipal y replantear los programas de servicios directos que ofrecen a la ciudadanía para combatir las consecuencias COVID-19 y proyectar un futuro más próspero" subraya Eduardo Folgado.
