La ley de conciliación contra la brecha salarial se trata de una ley pionera, esta es la primera comunidad española con una ley de estas características. Es un campo complejo y amplio que requiere de muchas medidas, esta ley no solucionará todos los problemas pero si funcionará como primer paso.
Dicha ley cuenta con 86 medidas, 12 de carácter transversal, 51 destinadas específicamente a la conciliación y 23 destinadas a tratar de reducir la brecha salarial. Está dotada con más de 120 millones de euros de los cuales entre 9 y 10 millones revertirán los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Zamora.
Los objetivos que se marca esta ley son: la lucha por la igualdad, el desarrollo de acciones a favor de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y la minoración de la brecha salarial haciendo especial incidencia en el medio rural. El principal problema de nuestra comunidad es la despoblación, se está intentando revertir este problema y por ello esta ley está destinada especialmente al medio rural.
Algunas de las medidas más importantes se pueden destacar: en cuanto a las 12 transversales, los Ayuntamientos y las Diputaciones deberán aprobar periódicamente planes para el fomento de la conciliación y la corresponsabilidad en el ámbito de sus competencias así como para la eliminación de la brecha salarial de género, además, se incluirán cláusulas sociales en la contratación pública en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la brecha salarial de género; en cuanto a las medidas de conciliación, hay que centrarse en dos campos: el sector público y el sector privado. Desde el sector público pueden hacerse subvenciones que estarán destinadas a compensar la disminución de ingresos a las personas trabajadoras de Castilla y León que ejerciten los derechos de reducción de la jornada laboral y de excedencia para el cuidado de menores a su cargo y/o personas dependientes, fomenta también ayudas a las empresas que introduzcan dentro de sus convenios colectivos o pactos de empresas algunas de las medidas que establezcan mecanismos referidos a las racionalización de horarios o incorporará en las bases las reguladoras de subvenciones de administración de la comunidad autónoma de Castilla y León cláusulas sociales vinculadas a la adopción de medidas de conciliación de la vida familiar, personal y laboral por parte de las empresas y entidades solicitantes. Habrá también deducciones fiscales del tramo autonómico del IRPF vinculadas a la conciliación en aquellas destinadas al fomento del uso del permiso de maternidad cedido por la madre a otro progenitor y el apoyo del cuidado de menores hasta los 4 años de edad. En el caso del empleo público e incentivando un uso equilibrado de los permisos, horarios racionales y flexibilización horaria, acceso a teletrabajo, etc. Así mismo, dentro del ámbito de la educación, se contempla la creación de nuevos centros infantiles de 0 a 3 años y se mantendrá una red pública que preste atención a los menores de 3 años ampliando los horarios de los mismos y especialmente en el mundo rural o dentro de los servicios sociales, se promoverá el desarrollo de una red de centros de día y residenciales, programas de estancia diurna, unidades de convalecencia socio-sanitaria, programas de asistencia avanzada y ayuda a domicilio entre otros, siempre adecuados y flexibles a las condiciones familiares y laborales.
En el sector privado, las empresas y sindicatos son los primeros que tienen que apoyar y apostar por esa conciliación y por la reducción de la brecha salarial. Entre las medidas que hay está la de fomentar la adopción de medidas de conciliación y corresponsabilidad en la negociación colectiva y medidas para la aplicación de horarios racionales y flexibles en las empresas de Castilla y León para que mejores tanto su productividad como la satisfacción y optimización del clima laboral, se impulsarán desde las administraciones actuaciones adecuadas para la promoción del teletrabajo y otras fórmulas de trabajo no presencial, todo ello dentro de esas medidas destinadas a la conciliación de la vida laboral y familiar.
Dentro de la reducción de la brecha salarial, la ley lo enfoca de la misma manera: el sector público, donde se encuentran las acciones de transparencia respecto a las retribuciones percibidas por el personal debiendo hacerse público al menos una vez al año un informe sobre la brecha salarial de género, se combatirá la segregación horizontal y vertical del mercado de trabajo incentivando la contratación de mujeres en los sectores donde estén infrarrepresentadas y promover así la promoción profesional de las mujeres, la participación equilibrada de mujeres y hombres en la formación de empleo, en las prácticas laborales, en empresas y en todas las actuaciones de inserción laboral que se llevan a cabo. Dentro de los criterios para la concesión de subvenciones, se valorará toda la normativa para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la adopción de medidas de información sobre la estructura salarial de transparencia retributiva y de brecha salarial de género; en el sector privado, la administración quiere que se realice una clasificación profesional, una valoración de los puestos de trabajo que conlleve la igualdad entre hombres y mujeres, estableces sistemas de acceso a puestos de trabajo transparentes, no discriminatorios y que se compita en igualdad e impulsar acciones de buenas prácticas vinculadas a la lucha contra la brecha salarial de género.
Son 86 medidas ambiciosas que no resuelven un problema pero son un primer paso que muestran un compromiso por parte del Partido Popular por la conciliación, por el trabajo y por la brecha salarial de género.
