Basándose en los modelos desarrollados previamente por otras CCAA y atendiendo a cuestiones como derechos sociales, el Consejo Consultivo de Castilla y León ha celebrado esta mañana la Jornada “Respuestas normativas frente a los retos demográficos” que ha contado con la presencia de la consejera de Estado, Victoria Camps, y en el que se ha presentado el informe jurídico elaborado por el propio Consejo con la intención de solicitar a la Junta de Castilla y León su incorporación al anteproyecto de borrador de ley sobre el reto demográfico.
El presidente del órgano, Agustín S. de Vega, ha destacado que “el reto demográfico es también un reto a la igualdad de oportunidades” y ha puesto de manifiesto la importancia que adquiere el informe jurídico que se presenta en esta jornada: "Es lo suficientemente importante y sustantivo para que no quede en papel mojado de cara a la elaboración de las normas".
Castilla y León se encuentra en este momento en una fase de anteproyecto de borrador de ley sobre el reto demográfico y tiene previsto incorporar un informe sobre despoblación -siguiendo el paso de las CCAA que ya lo tienen en vigor o van más adelantadas como Galicia y Castilla-La Mancha-, por lo que se pide que se tenga en cuenta el impacto de toda la legislación en materia de despoblación, como ya se hizo, por ejemplo, a la hora de elaborar la Ley de Género que tuvo en cuenta el informe sobre impacto de género.
"El impacto demográfico debe ser un impacto más añadido, y ahí el informe del Consejo Consultivo y lo que esta haciendo el Gobierno de Castilla y León es muy importante para animar al Gobierno español a que se ponga las pilas, porque finalmente el impacto tiene que asumirlo también el Ejecutivo central". En este sentido, Camps ha asegurado que hay que mantener el discurso, tener paciencia y abandonar esta vía para lograr que se lleve a cabo.
Las jornadas abordarán, por un lado, los resultados de este informe jurídico - definido por el propio presidente como un estudio de prospectiva de cómo pueden influir las normas de los gobiernos autonómicos en los ciudadanos del mundo local y rural-, al tiempo que se abordará y analizará la experiencia de las nuevas propuestas de ley en el caso de las CCAA de Galicia, Castilla La Mancha y Castilla y León. Por último, Victoria Camps ha sido la encargada de analizar la España vaciada y los derechos universales, haciendo hincapié en la "pobreza de servicios" que están notando los pueblos, especialmente en puntos como la telecomunicación y la falta de digitalización.
