Ante el creciente malestar social por la supresión de paradas del AVE en Sanabria, varias organizaciones civiles y políticas han decidido actuar judicialmente. Las asociaciones Terra SOSnible, Viriatos Zamora, Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora, junto con la Unión del Pueblo Leonés (UPL), han interpuesto este viernes una demanda en el Juzgado de Primera Instancia de Zamora, acompañado de una solicitud de medidas cautelares para revertir la eliminación de las paradas.
La línea de alta velocidad Madrid-Galicia fue declarada de utilidad pública por el Ministerio de Transportes, lo que, según los demandantes, invalida cualquier supresión de paradas sin una declaración formal de interés general, proceso legal que no se ha seguido. A las 10:00 horas de la mañana, en la sede judicial de la calle Riego nº5, la abogada Pilar Calvo —en representación de los colectivos— presentó la denuncia ante los medios.
La denuncia va dirigida contra el presidente de Renfe, el presidente de ADIF, el secretario de Estado de Transportes y el alcalde de Vigo, a quienes se les acusa de prevaricación y de promover la eliminación de un servicio público, lo que podría suponer una infracción del artículo 409 del Código Penal.
“La línea AVE fue construida expropiando terrenos, muchos aún sin compensar. Se justificó como un servicio público esencial. Ahora, sin previo aviso ni proceso legal, se reduce drásticamente el servicio en Sanabria, afectando gravemente a sectores como la sanidad y la educación en la comarca”, denunció Pilar Calvo ante los medios.
La medida ha reducido el número de trenes con parada en Sanabria de once a ocho diarios, eliminando crucialmente las salidas y llegadas matutinas, lo que impide a profesionales sanitarios y educativos desplazarse entre Zamora y Sanabria, afectando directamente al funcionamiento de servicios básicos.
Además, Calvo recordó que el Gobierno central subvenciona a Renfe y ADIF con casi 918 millones de euros anuales para mantener servicios no rentables, lo que refuerza la falta de justificación técnica o económica para la supresión de estas paradas.
Aunque por el momento la denuncia se centra en el caso de Sanabria y Zamora, no se descarta que se presenten acciones judiciales similares en otras provincias afectadas como Segovia o Medina del Campo, si otros colectivos deciden dar el paso.
Uno de los argumentos que manejan los denunciantes es que la supresión de las paradas se ha llevado a cabo no por razones de eficiencia del servicio, sino por cuestiones de ahorro operativo, como el coste del personal de vigilancia en estaciones como la de Otero de Sanabria.
A pesar de los intentos por sumar más apoyos institucionales y políticos, solo las organizaciones mencionadas se han adherido formalmente a la denuncia. “Otros partidos y colectivos fueron informados, pero solo estos dieron el paso de firmar”, explicó Calvo.
