La ciudadanía de Zamora ha arropado al Partido Popular en su concentración en contra de la amnistía. Una repulsa multitudinaria ante los pactos acordados entre el PSOE con la formación de Carles Puigdemont en Bruselas. La ley de amnistía o la transferencia del servicio Rodalíes a Cataluña son algunas de las cuestiones clave acordadas con la vista puesta en lograr que la investidura de Pedro Sánchez salga adelante, prevista para la próxima semana, algo que se garantiza gracias a los "síes" ya confirmados de su propia formación, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV BNG y CC.
"A todos nos afectan estos pactos de la vergüenza", ha remarcado José María Barrios, senador y presidente del PP de Zamora, quien ha recordado que "Sánchez dijo que no iba a hacer lo que está haciendo ahora". Unas concentraciones que se han reavivado en forma de protestas con foco en la sede de Ferraz, ahora también en Zamora con la vista puesta en "defender la Constitución".
Barrios ha recordado que Sánchez no sólo perdió las pasadas elecciones generales, sino que obvió los seis Pactos de Estado y la posibilidad de acortar la próxima legislatura ofrecidos por su formación ya que "nunca ha querido pactar con el PP y ha preferido buscar apoyos en partidos como Bildu o ERC".
El presidente del Partido Popular de Zamora ha sido crítico, "es un psicópata que quiere ser Presidente del Gobierno y presidir, aunque sea, las cenizas de España". El traspaso de Rodalíes por un valor estimado de 3.000 millones de euros o la condonación de la deuda catalana por 15.000 millones forman parte de las cesiones económicas pactadas con Junts y ERC, unos términos que el PP cifra en 45 millones de euros que "corresponden a Zamora" que avisa que "lo vamos a pagar entre todos".
Por su parte, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha recordado que "se han cruzado una serie de líneas rojas con el único fin de poder ocupar la presidencia" donde "se está rompiendo el Estado de derecho poniendo encima de la mesa una amnistía". El Estado de derecho se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Además, a ello "se suma perdonar una deuda de 15.000 millones de euros que pagaremos todos los españoles" a Cataluña.
Isabel Blanco, vicepresidenta de Política Sectorial y Autonómica del Partido Popular ha hecho hincapié en que este hecho ha provocado la unidad de las asociaciones de jueces, junto a inspectores de Hacienda, trabajo y el propio Consejo General del Poder Judicial que este viernes remitió una carta a Bruselas pidiendo que actúen.
