El subdelegado del Gobierno en Zamora y la concejala de Servicios Sociales y Salud Pública del Ayuntamiento de Zamora han reafirmado su compromiso en la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual en la tercera edición de unas jornadas de sensibilización y reflexión sobre este problema, que para muchos sigue siendo invisible y que tiene profundas implicaciones sociales. Este tipo de explotación, calificado por la Corte Penal Internacional como un crimen de lesa humanidad, mercantiliza a las personas y es considerado como la nueva forma de esclavitud en el siglo XXI.
La concejala de Servicios Sociales y Salud Pública, Auxi Fernández, subrayó la necesidad de "poner esta realidad sobre la mesa" y fomentar un espacio donde profesionales y miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado puedan debatir y coordinar esfuerzos en la lucha contra esta lacra. Según Fernández, la trata y explotación sexual implica no solo una degradación de la dignidad humana, sino que además es uno de los negocios ilícitos más lucrativos, junto con el tráfico de drogas y armas.
Por su parte, Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno en Zamora, hizo hincapié en los nuevos retos que enfrentan las autoridades en un contexto de ciberdelincuencia creciente. Los traficantes y explotadores han sofisticado sus métodos mediante el uso de redes sociales y otros medios digitales, dificultando la identificación y protección de las víctimas. Además, la explotación sexual ha evolucionado hacia espacios privados, como pisos particulares, lo que añade complejidad al trabajo policial.
Blanco resaltó la importancia de la colaboración ciudadana e hizo un llamado a las personas que sospechen de alguna situación de trata o explotación sexual a que denuncien a través de los números 062, 091 o 112, o mediante el teléfono de ayuda 910 50 90. Asimismo, envió un mensaje directo a posibles víctimas para que busquen ayuda, sin importar su situación legal en el país, pues se les brindarán medidas de protección.
La coordinación entre administraciones y el papel de organizaciones como APRAMP, Cruz Roja y Cáritas, fueron destacados como elementos fundamentales para ganarse la confianza de las víctimas, muchas de las cuales temen ser deportadas. Blanco reconoció el esfuerzo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, quienes, en los dos últimos años, han realizado 35 inspecciones en la provincia, identificando a 123 personas en riesgo y detectando a cinco víctimas de explotación, en su mayoría en contextos de explotación sexual, pero también en otros ámbitos laborales.
