La organización reclama medidas urgentes para proteger a las víctimas.
Amnistía Internacional ha reclamado esta mañana medidas urgentes contra la violencia sexual que garanticen la protección de las mujeres. La organización ha realizado esta petición en la presentación del informe "Ya es hora de que me creas", fruto de una investigación sobre los datos de la violencia sexual en España, dentro de la campaña "No consiento", que denuncia las dificultades a las que se enfrentan las víctimas en España, que se suman al trauma de haber sufrido violencia sexual.
La vicepresidenta de AI en España, Charo Corbacho, afirmaba esta mañana en el Parador de Turismo que la violencia sexual "es un grave violación de los derechos humanos y una de las más extendidas manifestaciones de desigualdad de género y de subordinación de las mujeres frente a los hombres, por el único hecho de ser mujeres".
En este sentido, Charo Corbacho ha indicado que esta vulneración de derechos ocurre a nivel global y también en España, donde la víctima aún encuentra dificultades, "piedras en el camino" para obtener asistencia, apoyo, justicia y reparación y donde en ocasiones incluso se las culpabiliza.
Para Amnistía Internacional, ese camino de obstáculos viene marcado por un "maltrato institucional "ejercido por organismos y profesionales que deben ser los garantes de una asistencia digna y especializada a la víctima tanto en las comisarías, como en los hospitales o en los tribunales. Así, la organización ha recopilado datos de decenas de mujeres de las Comunidades de Madrid, Galicia, Cataluña y Andalucía que se han tenido que enfrentar "no solo a una agresión sexual, sino a un camino de piedras que empieza justo después". Esas piedras están simbolizadas en "la deficiente atención policial" a la hora de interponer una denuncia; una atención sanitaria "que no cumple con los entándares mínimos", así como a procesos judiciales "repletos de prejuicios y estereotiopos".
Aunque como dato positivo Charo Corbacho ha apuntado a una mayor sensibilidad y a que la sociedad comienza a movilizarse y a manifestarse contra este tipo de violaciones de los derechos de las mujeres, la vicepresidenta de AI ha recordado que los obstáculos continúan siendo vigente y que durante muchos años la sociedad ha consentido y aceptado el maltrato, la violencia sexual y los abusos como algo "cotidiano, habitual e, incluso, con total impunidad".
En España hay más de 3.251.000 mujeres afectadas por la violencioa sexual. Para garantizar los derechos y la protección de las mujeres, Amnistía Internacional centra sus reivindicaciones en seis puntos como son la recopilación de datos que permitan dimensionar este problema, a fin de impulsar políticas públicas en coordinación con los gobiernos autonómicos, para la prevención, sensibilización, información, atención y reparación de las víctimas.
La falta de información tras haber sufrido el abuso, la falta de campañas de atención o protección, la falta de centros de crisis forman parte de la problemática, de los "obstáculos" que encuentran las mujeres vítimas.
Amnistía Internacional pide crear servicios especializados como teléfonos disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, y garantizar la existencia de centros especializados en violencia sexual en todos los territorios del Estado español, así como revisar, actualizar y garantizar la aplicación del Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género, incluida la violencia sexual.
La reforma del Código Penal en lo que se refiere a todos los delitos sexuales que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y niñas es otra de las medidas que garantiza AI, para garantiar que se protege la autonomía sexual y el consentimiento libremente dado, de acuerdo con los estándares internacionales y en especial el Convenio de Estambul.
Completan estas medidas el facilitar asistencia letrada "gratuita e inmediata" a las víctimas, formar y sensibilizar a todos los operadores jurídicos en contacto con las víctimas, y que las instancias judiciales puedan adaptarse para posibilitar espacios amables que garanticen la confidencialidad y seguridad de las víctimas y sus familiares, así como el impulsar la reparación de las víctimas, no solo desde el punto de vista de una compensación económica, sino contemplando la restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
