El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado los criterios de reparto y aplicación de los fondos destinados al desarrollo de actuaciones en salud mental y prevención del suicidio correspondientes al ejercicio 2026.
Del total de fondos aprobados, 39 millones de euros se destinarán al desarrollo de actuaciones incluidas en el Plan de Acción de Salud Mental y 17,83 millones de euros al Plan de Acción para la Prevención del Suicidio.
Las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) deberán presentar memorias técnicas y económicas de los proyectos para acceder a la financiación, incorporando de manera obligatoria criterios relacionados con la orientación comunitaria, la garantía de derechos humanos y la equidad.
En este contexto, la orientación comunitaria se define como un enfoque que sitúa a la persona en su entorno social, familiar y comunitario, teniendo en cuenta factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y económicos. Los proyectos podrán desarrollarse mediante intervenciones individuales y familiares, actuaciones grupales o iniciativas coordinadas con recursos y agentes comunitarios.
Entre las actuaciones que podrán financiarse se incluyen el fortalecimiento de centros de día, equipos móviles de atención comunitaria, programas de hospitalización domiciliaria y proyectos de intervención en barrios y entornos comunitarios. No se financiarán proyectos centrados exclusivamente en el aumento de camas o en reformas estructurales de hospitales de media y larga estancia.
En relación con los derechos humanos, los proyectos deberán garantizar la dignidad, la autonomía personal y el consentimiento informado de las personas usuarias, en línea con estándares internacionales como el instrumento QualityRights de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Asimismo, se contemplan actuaciones dirigidas a la reducción de contenciones mecánicas, el desarrollo de modelos de "puertas abiertas" en dispositivos de hospitalización y la incorporación de mecanismos de evaluación participativa por parte de las personas usuarias y sus familias. No podrán financiarse actuaciones que promuevan prácticas coercitivas o restrictivas de derechos.
El acuerdo establece además la equidad como criterio obligatorio para la aprobación de proyectos. Las actuaciones deberán orientarse a la reducción de desigualdades sociales en salud mental y priorizar colectivos en situación de vulnerabilidad, entre ellos personas en situación de sinhogarismo, menores en el sistema de protección y mujeres víctimas de violencia de género.
En el ámbito de la prevención del suicidio, los proyectos deberán incorporar actuaciones dirigidas a poblaciones de alto riesgo y mecanismos de evaluación que permitan analizar los resultados desde una perspectiva de equidad.
Además de los criterios obligatorios, el acuerdo incorpora criterios de excelencia para la identificación de buenas prácticas dentro del Sistema Nacional de Salud. Entre ellos figuran la participación activa de usuarios y familiares en la toma de decisiones, el trabajo intersectorial sobre determinantes sociales de la salud y la incorporación de expertos por experiencia en el diseño, implementación y evaluación de proyectos.
También se valorarán actuaciones que incluyan mecanismos estables de coordinación entre ámbitos como sanidad, servicios sociales, vivienda, empleo o educación.
Los fondos forman parte de las actuaciones impulsadas en el marco de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026 y de los planes de acción aprobados para salud mental y prevención del suicidio.
