La transición hacia una movilidad más sostenible no depende únicamente de reducir las emisiones de los vehículos en circulación. También resulta determinante lo que ocurre cuando esos automóviles llegan al final de su vida útil. En España, la red de Centros Autorizados de Tratamiento (CAT) se ha convertido en una pieza clave de la economía circular, permitiendo reutilizar componentes, reciclar materiales y evitar millones de toneladas de emisiones contaminantes.
Según los datos difundidos por RO-DES (Red Operativa de Desguaces Españoles), la gestión de más de 8.000 vehículos durante 2025 ha permitido evitar la emisión de más de 24 millones de kilos de dióxido de carbono (CO₂), gracias a los procesos de descontaminación, reutilización y reciclaje desarrollados en su red de centros especializados.
Cuando un vehículo deja de circular, su gestión debe realizarse obligatoriamente a través de un CAT, los únicos centros autorizados para tramitar la baja definitiva y emitir el correspondiente certificado de destrucción bajo la supervisión de la Dirección General de Tráfico. Este procedimiento garantiza la correcta gestión de residuos potencialmente peligrosos y evita prácticas irregulares o abandonos que pueden generar importantes impactos ambientales.
Antes de proceder al desguace, los vehículos son sometidos a un proceso de descontaminación, mediante el que se retiran aceites, combustibles, baterías y otros elementos nocivos para el medio ambiente. Posteriormente se realiza un desmontaje selectivo que permite recuperar piezas para su reutilización y reciclar materiales como acero, aluminio o cobre.
Los resultados sitúan a España entre los países más avanzados de la Unión Europea en el tratamiento de vehículos fuera de uso. En 2023 se alcanzó un 88% de reutilización y reciclaje, mientras que la recuperación total de materiales superó el 93%, según los datos del sector.
De acuerdo con la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), reciclar un solo automóvil evita aproximadamente cuatro toneladas de CO₂, una cifra que pone de manifiesto la relevancia ambiental de estos procesos cuando se aplican a miles de vehículos cada año.
Este modelo se desarrolla bajo el marco establecido por el Real Decreto 265/2021, que adapta la normativa española a la directiva europea sobre vehículos al final de su vida útil y refuerza la responsabilidad de fabricantes y gestores en la recuperación de materiales.
Para Esteban Alabajos, director de RO-DES, los resultados reflejan la importancia de un trabajo que suele pasar desapercibido para la ciudadanía. "No hablamos de intenciones, sino de resultados medibles que se acumulan año tras año", señala.
