La fabricación de un solo teléfono móvil implica la extracción de 200 kg de materias primas y el consumo de 13.000 litros de agua, un impacto ambiental considerable que se multiplica si se considera la media de 15 dispositivos electrónicos y electrodomésticos por hogar. No obstante, este daño podría reducirse significativamente si se priorizara la compra de aparatos reacondicionados en lugar de nuevos. Así lo ha manifestado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en el marco de la Jornada sobre Derecho a Reparar, en la que participaron Daniel Arribas, Director General de Consumo, y Javier Santamaría, Director Comercial de ANOVO.
Uno de los principales problemas que enfrenta el mercado de los productos reacondicionados es la falta de una definición legal en España y a nivel europeo. Según la OCU, un 29% de los consumidores no distingue un aparato reacondicionado de un producto de segunda mano vendido por un particular. De manera general, se considera reacondicionado aquel producto de segunda mano que ha sido reparado o actualizado antes de su venta por un soporte técnico.
El mercado de productos reacondicionados es todavía incipiente: solo el 24% de los consumidores ha adquirido uno alguna vez, siendo los teléfonos móviles los productos más comunes. Además del desconocimiento general, existen otros obstáculos, como la variabilidad del porcentaje de descuento (entre un 20% y un 60%, según OCU) y la desconfianza en su calidad. Esta última barrera podría reducirse si se ampliara la garantía legal de estos productos de 1 a al menos 2 años, una medida que OCU reclama con insistencia. En Portugal, por ejemplo, la garantía legal ya ha sido extendida a 3 años, salvo acuerdo para reducirla a 18 meses.
Propuestas para fomentar la economía circular
En línea con el Pacto Verde Europeo de 2019, OCU solicita que la legislación europea y nacional incluya:
Una definición legal y armonizada de lo que es un producto reacondicionado.
La ampliación de la garantía legal de estos productos a 2 años como mínimo, y a 3 años si se venden como "nuevos".
Información detallada sobre las reparaciones realizadas, piezas utilizadas y la identificación del técnico y punto de venta.
La creación de una plataforma obligatoria de reparadores.
Garantía de actualizaciones de software, durabilidad de la batería y protección contra el agua si la pantalla ha sido reparada.
Mientras estas medidas se implementan, OCU insta a los comercios a ampliar de manera voluntaria la garantía legal de los productos reacondicionados a 2 años, como ya hacen algunas plataformas de venta online.
Por último, OCU insiste en la necesidad de fortalecer el Derecho a Reparar. En el marco del Proyecto REPper, trasladará al Director General de Consumo la importancia de que la futura Ley de Consumo Sostenible contemple una plataforma nacional de reparadores y la obligatoriedad de adjuntar un formulario de reparación en cada servicio. La sostenibilidad no es un lujo, sino una necesidad, concluye la organización.
